El senador de Unidos Podemos Joan Comorera instaba al Ejecutivo el pasado 14 de septiembre a pronunciarse sobre la posibilidad de prohibir la caza con perros y sobre las medidas previstas para frenar el abandono. La Real Federación Española de Caza (RFEC) denuncia que haya mentido al Gobierno para criminalizar a los cazadores.
3/12/2018 | Redacción JyS
El senador de Unidos Podemos Joan Comorera, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) que quiere acabar con la caza, preguntaba el pasado 14 de septiembre al Gobierno si se había previsto algún tipo de medida o control administrativo para«reducir el número de perros de caza, sobre todo galgos, que cada año son abandonados». También instaba al Ejecutivo a pronunciarse sobre la posibilidad de prohibir la caza con perros mintiendo sobre el número de galgos abandonados en España. Ahora el Gobierno ha contestado que «promueve el aprovechamiento cinegético sostenible» y la RFEC denuncia en nota de prensa que la APDDA haya mentido «para criminalizar a los cazadores».
Cabe recordar que la APDDA está formada por parlamentarios cuyo objetivo es atacar actividades como la caza, la pesca, los toros, los circos o la cría en granjas. Sus miembros pertenecen a PP, PSOE, Unidos Podemos, ERC, CIU, Grupo Mixto. Salvo Ciudadanos, todos los grupos políticos tienen miembros dentro de esta asociación que ataca al mundo rural, tal y como Jara y Sedal publicó en un extenso reportaje.
La RFEC desmonta las declaraciones del miembro de la APDDA
Comorera aseguraba durante su exposición que las protectoras y organizaciones animalistas calculan que, a consecuencia de la caza, unos 50.000 galgos y podencos son abandonados cada año en España. La RFEC ha reiterado una vez más al respecto que «esta cifra es totalmente inventada, como así lo reconoció la presidenta de la FAPAM en una entrevista a Jara y Sedal» en la que declaró que «no se tienen datos oficiales» y que las protectoras utilizan el dato sin contrastar, reconociendo que «siempre decimos esa cifra en todos los medios de comunicación». Según el Seprona en 2017 el número de galgos abandonados fue de un total de 61, un dato muy alejado de lo que Comorera transmitió al Gobierno.
El miembro de la APDDA aseguraba además en su intervención que España es el único Estado de la Unión Europea que todavía permite la caza con galgos, algo que ha la propia RFEC ha desmentido: «Desde la RFEC se quiere aclarar que en la Unión Europea también se caza con galgos o lebreles en Portugal, Italia, Irlanda, Hungría, Polonia o Rumanía, por citar algunos, como igualmente ocurre en otras partes del mundo, desde Rusia a Uruguay, pasando por distintos países árabes, como Afganistán o Arabia Saudí, lo que desmonta otra mentira más del senador Comorera y de APDDA dirigida al Gobierno de España con el único propósito de predisponerle contra de la caza con perros en nuestro territorio».
Según la RFEC Comorera respaldaba otro engaño: que en febrero hay «un aumento significativo» de abandonos. Cuando, según la Fundación Affinity, es precisamente febrero, junto a diciembre, los meses en que menos abandonos de perros se producen, otro dato que echa por tierra las declaraciones malintencionadas del representante de esta asociación parlamentaria animalista.
El máximo organismo cinegético añade que el parlamentario de APDDA ha indicado que «el número de perros de caza abandonados está aumentando exponencialmente en los últimos tres años», un dato totalmente falso, pues, como señala el informe de la Fundación Affinity, este porcentaje lejos de «aumentar exponencialmente» ha disminuido en 2017. Además el organismo cinegético dice que es falso también que haya un incremento «muy significativo» de cachorros abandonados, atribuyéndolo a que en la caza «ahora» hay una «selección y descarte» a «edades más tempranas», cuando un perro de caza no puede demostrar su potencial cinegético hasta pasados los 18 meses de edad, como mínimo.
El Ejecutivo responde y «promueve» la caza
Por su parte el Gobierno «promueve el aprovechamiento cinegético sostenible, generador de riqueza en el medio rural, y como herramienta de gestión y conservación del medio natural, de acuerdo con la normativa autonómica en la materia», tal como ha respondido a la pregunta del miembro de la APDDA Joan Comorera. Además le ha recordado que «la Administración General del Estado no es competente para autorizar, modular o prohibir modalidades de caza, es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, con la debida sujeción a la normativa europea y acuerdos internacionales en la materia. Igualmente, las infracciones y sanciones a la normativa autonómica en materia de caza son consideradas por los órganos autonómicos correspondientes».
