La Plataforma de Afectados por Parques Nacionales ha publicado una nota de prensa en la que lamenta que una decisión meramente política como es la prohibición de la caza en los parques nacionales esté suponiendo ya un enorme gasto público que se destinará a compensar las pérdidas provocadas por la eliminación de una actividad que generaba riqueza y empleo.
Los afectados por la polémica prohibición han respondido así a la noticia, publicada por Jara y Sedal hace dos días, en la que se daba a conocer que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales destinará 16 millones de euros a compensar a dos municipios -Oseja de Sajambre y el Real Concejo de Valdeón- por la pérdida de los ingresos derivados de los aprovechamientos cinegéticos por los terrenos que tienen estos entes locales leoneses en la Reserva Regional de Caza de Riaño, en Picos de Europa. De esta forma, recuerda la plataforma, «donde antes el sector cinegético creaba riqueza y empleo, ahora habrá un aumento de gasto público, como ya venía denunciado esta Plataforma. Una cantidad a la que en esa misma zona habrá que sumar también la destinada a los propietarios privados».
Un claro ejemplo, citan los afectados, es que uno de los alcaldes afectados ha valorado positivamente el acuerdo «a pesar de que la caza era un recurso natural y aprovechable, esencial para la economía de este municipio».
320 millones de euros para indemnizar a los propietarios, sin contar los gastos de control poblacional
Según la plataforma de afectados, «este es solo un paso más de un proceso que llevará al Estado a destinar en torno a 320 millones de euros a los propietarios públicos y privados de terrenos cinegéticos afectados, a los que tendrá que compensar según lo establecido por la propia ley de Parques Nacionales».
Los perjudicados por esta decisión política han recordado que será la propia Administración la que de una u otra manera tendrá que asumir los costes de los controles poblacionales en estos espacios, que son imprescindibles según han reconocido todos los informes técnicos y científicos elaborados hasta el momento. De hecho, estos informes admiten que la única manera efectiva de realizar esos controles será incluyendo la caza en los mecanismos de control, lo que harán asumiendo los costes o pagando para que otros lo hagan.
«Con esto vuelve a quedar de manifiesto lo absurdo de una norma basada únicamente en criterios ideológicos y que va en contra de todos criterios científicos que señalan la actividad cinegética como una herramienta de gestión poblacional imprescindible a día de hoy», aseguran en nota de prensa..
La Plataforma de Afectados por Parques Nacionales considera imprescindible que los responsables políticos de esta situación asuman sus responsabilidades públicamente y den explicaciones sobre este despilfarro de fondos públicos que llega, además, en momento económico especialmente complicado para la sociedad española. Y es que resulta difícil entender, por ejemplo, que no haya fondos para mejorar el sistema sanitario o para ayudar con más intensidad a las familias españolas mientras se gasta a manos llenas un dinero que con la gestión cinegética tradicional se podría dedicar a cosas más necesarias.
