El programa de acción selectiva para el control de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe tiene previsto matar este año 500 jabalíes y 500 ciervos. Este dato ha sido facilitado este lunes por el director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno, quien compareció ante la Comisión de Transición Ecológica de la Asamblea de Extremadura, donde expuso la normativa que prohíbe la caza en Monfragüe, a requerimiento del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha publicado EFE.
Su diputado Laureano León acusó a la Junta de caer en «un auténtico ejercicio de hipocresía institucional» al prohibir la caza en este espacio y luego promover el pasado 22 de abril la matanza de una cuarentena de animales de caza mayor en la finca Las Cansinas, propiedad del parque, a pesar de que los animales estaban en plena fase de reproducción, una «aberración», como ha denunciado Fedexcaza ante al Fiscalía.
El parlamentario de Cs Fernando Baselga coincidió con este argumento del PP, mientras que la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, defendió que no se pueda practicar la caza comercial en Monfragüe.
Moreno las califica como «acciones justificadas»
Moreno insistió en que la caza deportiva y comercial está prohibida en Monfragüe y en los parques nacionales, tras una moratoria que finalizó en diciembre de 2020, aunque se pueden programar y autorizar acciones «justificadas, selectivas y tuteladas» en materia del control de poblaciones de ungulados.
En cuanto al programa de acción selectiva para 2021, Jesús Moreno indicó que contempla la eliminación de 500 jabalíes y 500 ciervos. El director general explicó que el número establecido, similar al de años anteriores, proviene de estudios técnicos realizados por la empresa Ungulados junto a la Facultad de Veterinaria de Cáceres.
A fecha de hoy, en el programa de acción selectiva para 2021, que se inició a partir de abril, se han eliminado a 93 jabalíes y 7 ciervos. El 33% de los ejemplares pertenecientes a la primera especie presentaban presencia de lesiones macroscópicas compatibles con la tuberculosis, según Moreno.
La Administración tendrá que indemnizar a los propietarios
Hasta la fecha no consta que se haya llevado a cabo ninguna actuación en este sentido y, como consecuencia, las administraciones competentes tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso. Diferentes fuentes cifran en unos 320 millones de euros el valor de estas indemnizaciones, cantidad a la que se sumaría el coste del necesario control de poblaciones.
Y es que las administraciones competentes tendrán que hacer frente a los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones.
