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El PP propone retirar la ley animalista en el Congreso de los Diputados

El Grupo Popular ha registrado una propuesta en el Congreso para retirar el proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal.

Alberto Núñez Feijoo.
Alberto Núñez Feijóo. © Shutterstock

El Partido Popular ha dado un paso el frente ante el clamor popular que pide la retirada del proyecto de Ley de Bienestar Animal presentado por el Gobierno y ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados pidiendo su retirada.

El Partido Popular ha argumentado su petición advirtiendo de que el Gobierno abrió el plazo de consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal «sin abrir un proceso de dialogo previo y con el rechazo de todas las administraciones afectadas, con independencia del signo político». Según recuerda el grupo Popular tampoco se ha consultado a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones» y a ninguno de los sectores afectados «sector del cuidado de los animales, protectores de razas autóctonas, sector comercial asociado, asociaciones deportivas, cinegéticas, zoos, organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, colegios profesionales, veterinarios, y en general todo el mundo rural y el ámbito profesional relacionado con los animales de compañía y de trabajo, en sentido amplio».

El 20M, la mayor expresión de descontento de la sociedad con el proyecto de ley animalista

El Partido Popular ha recordado que el malestar social «fue expuesto en las reivindicaciones del manifiesto presentado por los convocantes de la Manifestación del 20M, #JuntosPorEICampo, como un ataque directo al mundo rural».

La propuesta del Grupo Popular recuerda que «el proyecto presentado por el Gobierno contiene previsiones que, además de invadir competencias de otras administraciones públicas, y de tener un marcado sesgo ideológico, no solo no tienen en cuenta las medidas de bienestar animal y el alto grado alcanzado por estas en nuestro país, sino que lo pone en riesgo, pudiendo con ello afectar negativamente a la salud y seguridad de las personas».

También han recordado que el pasado 9 de junio, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) emitió un informe respecto a este documento, alertando de la intromisión que supone en el mercado y en la libertad de los ciudadanos, así como de la falta de rigor jurídico, llegando a mencionar la necesidad de que se ajuste al principio de buena regulación. «La propia CNMC reconoce la relevancia social y económica de las políticas e instrumentos orientados a garantizar el respeto a los animales, pero manifiesta dudas sobre la dificultad de identificar ciertas medidas con la finalidad protectora de los derechos de los animales», argumenta el PP en su propuesta.

Más de 6000 alegaciones a la norma

Por otra parte, el Grupo Popular ha recordado que el propio director general de Derechos de los Animales informó en un acto público que se han presentado unas 6.000 alegaciones al borrador del proyecto de Ley, un número que demuestra una vez más la preocupación social y económica que genera la norma, que está pendiente del informe del Consejo de Estado para la aprobación por el Consejo de Ministros y su traslado a las Cortes generales para su tramitación. «Es necesario que los textos normativos aprobados por el gobierno tengan calidad para poder iniciar una tramitación parlamentaria de garantías», concluye la propuesta registrada en el Congreso de los Diputados a la que Jara y Sedal ha tenido acceso.

¿Qué pide el Grupo Popular?

La proposición no de ley del Grupo Popular recoge los siguientes puntos:

  1. Retirar el actual anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal.
  2. Abordar la regulación consensuando un texto con todos los sectores afectados antes de iniciar su tramitación, y pactar ese texto con las CCAA y Ayuntamientos competentes en la materia, asegurando que se respetan las competencias de cada administración.
  3. Que el nuevo texto tenga en cuenta las especiales particularidades y características de ciertos animales que se dedican a actividades profesionales, eliminando expresamente obligación tales como establecer una edad de retiro o la esterilización de los perros de actividades cinegéticas».