La ofensiva contra la prohibición del plomo en la caza y la pesca suma un nuevo capítulo. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado una moción, a la que ha tenido acceso Jara y Sedal, en la que solicita que se frene la tramitación del Reglamento europeo que pretende restringir radicalmente el uso de este material tanto en municiones como en aparejos de pesca. La iniciativa, registrada este martes 17 de junio, pide al Gobierno de España que defienda ante Bruselas los intereses del país y reclame una moratoria de hasta 10 años para evaluar adecuadamente los efectos reales de la medida.
La propuesta, impulsada por el senador Pablo González Menéndez y respaldada por una decena de senadores populares, plantea un posicionamiento firme del Estado frente a una norma europea que, según denuncian, no tiene en cuenta la realidad actual ni el impacto económico, social y estratégico que supondría la eliminación del plomo en estas actividades.
Impacto desproporcionado en pesca y caza
El documento denuncia que la restricción planteada por la Comisión Europea tendría efectos muy negativos sobre sectores clave como la pesca recreativa, la acuicultura y la caza, obligándoles a adoptar alternativas al plomo que todavía no han demostrado ser viables ni seguras. En el caso de la pesca, el uso de otros materiales elevaría los costes y dificultaría las capturas, mientras que en el ámbito cinegético podría suponer riesgos balísticos y de seguridad.
Además, se advierte que los datos científicos disponibles no muestran una incidencia significativa del plomo en la biodiversidad, especialmente en lo que se refiere a las especies que consumen restos de animales. Tampoco se han detectado niveles por encima de los límites legales en los informes que los países remiten periódicamente a la Unión Europea.
Riesgo para la seguridad y la defensa
Uno de los puntos más relevantes del texto es la relación entre esta medida y la seguridad estratégica europea. El PP alerta de que una transición acelerada a municiones sin plomo afectaría directamente a la industria de defensa, ya que muchas líneas de producción civiles pueden ser utilizadas en situaciones de emergencia para abastecer a las Fuerzas Armadas. Según la moción, esta compatibilidad se perdería si se obliga a eliminar el plomo de forma inmediata y sin alternativas contrastadas.
«Una regulación sólida y proporcionada debe tener en cuenta las implicaciones ambientales, sanitarias, culturales, económicas, industriales y estratégicas en el momento de su aprobación», se señala en la exposición de motivos. Y es que, aunque el reglamento exceptúa al sector de la defensa, las consecuencias indirectas sobre la cadena de suministro podrían comprometer seriamente la capacidad de reacción de los Estados miembros.
Inversiones imposibles en plena crisis
El documento también subraya que el uso civil del plomo representa una fuente sustancial de ingresos para los fabricantes de municiones, por lo que una transición inmediata implicaría inversiones millonarias que pondrían en jaque el futuro del sector. En este sentido, se critica que el estudio en el que se basa la propuesta de Bruselas se elaboró hace seis años, en un contexto político, económico y geoestratégico muy distinto al actual.
«En tiempos de crisis, las líneas de producción de municiones civiles pueden reutilizarse rápidamente para fortalecer las capacidades militares», se explica, y se advierte que una interferencia brusca con esa estructura industrial podría tener consecuencias irreparables.
Qué pide el PP en su moción
Por todo ello, la moción insta al Gobierno a encargar nuevos estudios científicos y técnicos sobre la incidencia real del plomo en la salud, la fauna y el medio ambiente. También pide que se valoren de forma rigurosa las posibles alternativas, sus consecuencias sanitarias, ambientales y económicas, y que se impulsen iniciativas público-privadas para desarrollar soluciones eficaces que puedan ser implantadas en la industria.
El texto propone además que se abra un proceso de consulta cualificada con todos los sectores implicados, desde cazadores y pescadores hasta fabricantes de municiones, para acercar posturas y construir una posición común ante Bruselas. Finalmente, solicita que se plantee una moratoria de hasta 10 años, con el fin de dar tiempo a esa transición sin perjudicar al tejido productivo ni a la actividad deportiva.
La moción representa una clara declaración de intenciones del principal partido de la oposición, que apuesta por defender ante Europa una posición más razonable, basada en datos actuales y en el contexto real que vive el continente.
