La actualidad política de lo últimos meses en España se ha visto especialmente marcada por la influencia de la ley animalista del Gobierno de Pedro Sánchez. Muchos sectores del país han reaccionado en contra de las polémicas medidas que este texto impondrá y el cinegético no ha sido menos. Su lucha ha logrado dejar fuera a los perros de caza, pero el colectivo de cazadores, aún así, continúa considerando necesaria su derogación.
La Ley de Bienestar Animal no entrará en vigor hasta el próximo 29 de septiembre. Por lo tanto, al haberse adelantado las elecciones generales, un posible cambio en el poder podría derogarla antes de que comenzara a aplicarse. Lejos de bajar los brazos, la caza continúa posicionándose al lado de quienes quieren evitar que esta se convierta en la nueva realidad de nuestro país.
¿Por qué es necesario derogar la ley animalista aunque no afecte a los perros de caza? Hay múltiples razones que mantienen al sector cinegético dentro de esta lucha en busca de su derogación. Algunas de ellas son, por ejemplo, la mera solidaridad con otros colectivos que se ven afectados en gran medida por dicho texto. Los animales de compañía y todo lo relacionado con ellos, incluidos los negocios, son los máximos afectados.
Asimismo, trabajarán para que desaparezca una ley que institucionaliza el animalismo, financiándolo con dinero público a través de una red de chiringuitos, y ofrece protección a especies que suponen una amenaza para su entorno. Si no, véase el caso de los gatos callejeros, los intocables a pesar de las advertencias de los expertos.
Christian Gortázar: «Esta ley animalista carece de fundamento científico»
Christian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador del IREC -Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos- y uno de los científicos con mayor reconocimiento mundial en enfermedades en animales silvestres y zoonosis Sanidad y Biotecnología (SaBio), apoya la derogación del texto o una modificación radical.
«Los principales aspectos negativos que se mantienen se refieren a las definiciones y a la gestión de los gatos asilvestrados. En relación con las definiciones, estas siguen siendo imprecisas y poco técnicas (“desamparado”, “extraviado”, “comunitario”, “fauna urbana”, …). Esto puede afectar a perros de caza y otros animales de trabajo, por muy excluidos que parezcan. Además, contradicen otras regulaciones y recomendaciones».
«Por ejemplo, se define que ‘no se considerarán animales silvestres los animales domésticos de compañía, aun en el caso de que hubieren vuelto a un estado asilvestrado’. Esto genera problemas para el control de perros asilvestrados, gatos asilvestrados y hurones escapados en cotos y espacios naturales. La definición de fauna urbana puede afectar al control de especies plaga, incluida la caza de jabalí con arco», ha explicado.
«La ley prohíbe el sacrificio y el confinamiento de gatos, lo que limita la gestión del problema exclusivamente al establecimiento de las mal llamadas “colonias felinas”, un método de demostrada ineficacia. El efecto negativo de los gatos no confinados sobre la conservación de la fauna silvestre, especies cinegéticas incluidas, es bien conocido. Además de todo esto, no conviene olvidar las modificaciones paralelas en el Código Penal, que afectan de lleno a la actividad cinegética. Esta ley carece de fundamento científico y genera incertidumbre», ha asegurado.
También ha querido puntualizar que «su aplicación tendrá efectos negativos sobre la conservación de la biodiversidad y sobre nuestras capacidades para una gestión racional de la fauna. Como tuve ocasión de expresar ante la comisión parlamentaria, implica amplias restricciones a la libertad individual, contribuye a la burocratización de las actividades desarrolladas en el medio rural, invade competencias de otras administraciones, otorga poder a aficionados y asociaciones animalistas en detrimento de los profesionales veterinarios, no resuelve problemas como el del abandono de animales, y aumenta el gasto público y privado relacionado con los mismos».
Jorge Bernad: «Es una ley innecesaria con fuerte carga ideológica»
El asesor jurídico de la Fundación Artemisan, Jorge Bernad, ha dejado constancia de que, desde este organismo «siempre hemos mantenido que la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales es una ley innecesaria, ya que los animales estaban suficientemente protegidos con la legislación anterior. Consideramos que es una Ley innecesaria por su fuerte carga ideológica, por carecer de la necesaria justificación técnica y jurídica, y sobre todo porque se ha elaborado al margen de los sectores afectados a los que perjudicará de forma muy grave, aunque se hayan excluido a los perros de caza y otros animales».
«La reciente convocatoria de elecciones generales no impedirá su entrada en vigor el próximo día 29 de septiembre de 2023, pero sí condicionará su desarrollo reglamentario, de forma que, si se producen cambios en el gobierno de la nación, es de esperar que la ley no llegue a alcanzar nunca su desarrollo y por lo tanto no pueda ser aplicada. Lo mismo debería ocurrir con la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que en nuestra opinión es aún más grave para el sector que la propia Ley de Bienestar Animal y que necesariamente deberá ser modificada volviendo a su redacción anterior», ha declarado.
Felipe Vegue Contreras: «La ley crea una policía animalista basada en el castigo desproporcionado»
Asimismo, Felipe Vegue Contreras, presidente de la Oficina Nacional de la Caza y presidente de ARRECAL, también ha querido dar su punto de vista al equipo de Jara y Sedal. «Esta Ley hay que derogarla con carácter inminente. Contiene postulados totalitarios y disparates sin medir las consecuencias y los perjuicios que causen a todas las clases de españoles que interactúan con animales».
Otra de las razones a las que alude para solicitar su derogación es «por obligarnos a seguir los dictados de la más rancia doctrina paleocomunista y crear una nueva policía animalista con derechos y prerrogativas basadas en la delación y el castigo desproporcionado».
«Por dividir el país entre los que viven de su trabajo con animales y los que utilizan las mascotas para fines de toda condición. En fin, por ser el mayor disparate de la reciente historia democrática», ha concluido.
