Ya hace cinco décadas que los cazadores están haciendo frente a esta situación en España. Estos son quienes deben asumir las responsabilidades de los daños en los cultivos por parte de las especies cinegéticas y así lo determina la ley que entró en vigor en los años 70.
A pesar de los numerosos cambios que el mundo rural en nuestro país ha experimentado desde entonces, esta normativa continúa vigente. Ante tales circunstancias, varias sociedades de cazadores llevan años viéndose obligadas a abandonar la gestión de sus cotos debido a las deudas reclamadas por los agricultores.
Las reclamaciones de los cazadores al Gobierno
En este mismo sentido, el sector cinegético lleva un tiempo reclamando al Gobierno central que actúe ante una situación que, en términos generales, está empeorando. Sin ir más lejos, esta misma semana en Albacete, donde el proyecto LIFE Iberconejo celebró las Jornadas de intercambio de experiencias sobre prevención de daños de conejo a la agricultura, se trató el asunto.
Allí, entre otras cuestiones, se habló de la caracterización de la problemática de los daños, las medidas de prevención, herramientas para gestionar el conflicto, la gestión de la Administración y propuestas de futuro, así como una discusión acerca de un plan de prevención de daños del conejo a la agricultura.
Modificaciones en la ley estatal de las responsabilidades de los daños de especies cinegéticas
En las jornadas participó Nicolás Urbani, veterinario y uno de los asesores técnicos de la Federación Navarra de Caza (FNC). Como solución a este conflicto, aconsejó mirar hacia Europa y seguir el ejemplo de otros países. Hizo mención a Francia, donde la responsabilidad de los daños provocados por las especies cinegéticas es de todos los cazadores del país.
Daños provocados por el jabalí ¿A quién se deben reclamar?
«Existe una bolsa económica, generada a través de la licencia federativa de caza obligatoria, con la que se cubren estos daños», expuso Urbani. Asimismo, indicó que las peritaciones válidas son únicamente las llevadas a cabo por la Federación Nacional de Cazadores de Francia y, de este modo, evitan fraudes.
Fue de esta manera como apuntó a la necesidad de cambiar esta normativa estatal y puso de manifiesto que toda la legislación debe contar con el voto positivo de la federación de caza. «Sería muy interesante profundizar en este modelo y valorar su aplicación en España», concluyó refiriéndose al caso francés.
