Durante los últimos años la actividad cinegética ha sufrido una serie de ataques anticaza en diferentes frentes con un único objetivo: acabar con ella. Como hacerlo de forma frontal y directa es prácticamente imposible, desde el mundo ecologista y animalista han trazado un plan para ir acabando con ella centrándose en atacar diferentes objetivos.
Este artículo es solo una parte de un amplio trabajo periodístico realizado por la redacción de Jara y Sedal en colaboración con las principales asociaciones del sector en el que mostramos quién está detrás de cada ataque, qué estrategia ha utilizado y qué ayuda se ha encontrado por el camino para llevarlo a cabo. Ya hemos hablado de los planes para acabar con el silvestrismo, la caza del conejo (Oryctolagus cuniculus), de la perdiz roja (Alectoris rufa), de la codorniz (Coturnix coturnix), de la la tórtola (Streptopelia turtur), del lobo (Canis lupus signatus), de la contrapasa y hoy es el turno de la caza en los Parques Nacionales.
¿Quién diseñó el plan para prohibir la caza en los Parques Nacionales?
Ecologistas en Acción.
¿Quiénes son los ejecutores?
Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.
¿En qué basaron su estrategia legal?
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
¿Cuál fue la estrategia para prohibir la caza en los Parques Nacionales?
En el año 2014 el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, impulsada por el Partido Popular (PP). Durante su tramitación el Senado introduce una enmienda consistente en la posibilidad de que siguiese desarrollando la actividad cinegética en los Parques Nacionales hasta, al menos, finales del año 2020.
Tras la finalización de esta moratoria de seis años, el 5 de diciembre de 2020 queda prohibida la práctica de la caza en todos los parques nacionales de nuestro país.
Balas cautivas
Desde finales del 2020 no se puede cazar en varios parques nacionales en los que la caza era una forma de gestión y generación de recursos económicos. Los últimos gobiernos no han sido capaces de cambiar la normativa que terminaba con la caza en entornos míticos como Cabañeros y Picos de Europa. Ahora no será caza, sino controles de población con altos costes para el erario público. Es posiblemente una de las decisiones más equivocadas de los últimos tiempos, siempre bajo el argumento de que los parques sólo representan una pequeña superficie y que se trata de mantener estos paisajes con el menor grado de intervención o actividades humanas.
Dos ideas clave. La primera, que los parques nacionales no son entornos vírgenes, sino que son el resultado en muchos casos de la mano del hombre, y ciertamente se han conservado por ser cotos de caza. La segunda es que si es más lícito que un ciervo o un jabalí muera por un disparo de bala cautiva –como un lechón o una vaca– y encima costando millones de euros a los españolitos –porque así lo decide la sociedad urbanita–, quizás en algo nos estamos equivocando.
El 5 de diciembre de 2020 entró en vigor la Ley de Parques Nacionales que prohíbe la caza en estos espacios, ignorando a la España vaciada y sustituyendo una importante fuente ingresos y empleo por un gasto para los españoles valorado en más de 320 millones de euros anuales. Paradójicamente, esta ley no pone fin al control poblacional de especies sino a la potestad de los cazadores para ejercerlo, dejándolo en manos de una Administración Pública que, hasta ahora, ha realizado una labor de lo más cuestionable y generando un importante coste a los contribuyentes: 1,5 millones de euros sólo en Cabañeros. Un ejemplo a destacar es la matanza de Monfragüe, donde en abril se mató a una cuarentena de animales de caza mayor sin ningún tipo de criterio conservacionista y en plena fase de reproducción.
Frente a esta situación Fundación Artemisan considera que la caza debe continuar en aquellos parques nacionales donde ha sido actividad tradicional, así como que su importancia para la conservación de los ecosistemas y como generadora de ingresos para el medio rural ha de ser reconocida, como se expone en el Informe sobre la situación socioeconómica de Monfragüe y Cabañeros elaborado por esta institución. Por ello, Fundación Artemisan continuará trabajando sin descanso a través de sus tres pilares: investigación, comunicación y defensa jurídica.
Recientemente, VOX presenta ante el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley, transaccionada con el PP (que curiosamente impulsó y votó a favor de la aprobación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales), instando al Gobierno a eliminar la prohibición de la caza en parques nacionales. Sin embargo, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados rechaza esta iniciativa, con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. VOX y el PP sólo contaron con el apoyo de Teruel Existe.
