Los datos son claros: en Cataluña, los perros asilvestrados provocan tres veces más ataques al ganado que el lobo. En tan solo cinco años se han registrado 832 reses muertas en 84 ataques confirmados. Y la cifra va en aumento.
Lo más preocupante no es solo la magnitud del daño, sino la ausencia total de medidas de control. Mientras el lobo ha dejado de ser una especie intocable, los perros asilvestrados gozan de una protección legal absoluta, fruto de la presión de determinados colectivos animalistas que han logrado blindarlos a través de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.
Una legislación que desarma al ganadero
Con la entrada en vigor de esta norma, quedó prohibido capturar, reubicar o eliminar perros asilvestrados, aunque representen una amenaza directa para las explotaciones. Tampoco pueden ser usados métodos de control poblacional aplicados en otras especies invasoras o peligrosas.
El resultado es devastador: grupos de perros abandonados, asilvestrados tras generaciones de vida salvaje, que actúan en grupo y devoran corderos, terneros, cabras y potros sin que nadie pueda intervenir. Los ganaderos no solo ven cómo su sustento se desangra en cada ataque, sino que no tienen derecho a defenderse legalmente. En muchos casos, ni siquiera pueden reclamar indemnizaciones, al no tratarse de especies salvajes protegidas.
El lobo, bajo control
A comienzos de este mes, la caza del lobo ibérico volvió a estar permitida al norte del río Duero. Así lo estableció la reforma legislativa publicada en el Boletín Oficial del Estado, incluida dentro de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Esta enmienda, promovida por el Partido Popular y respaldada por Vox, Junts y el PNV, puso fin a una prohibición que estaba en vigor desde 2021.
La decisión ha supuesto una victoria para el mundo rural, especialmente en comunidades como Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, donde los ganaderos llevaban años reclamando la posibilidad de controlar una especie que causaba pérdidas millonarias debido al aumento de ataques a la ganadería.
Los ataques de perros asilvestrados al ganado aumentan un año después de aprobarse la ley animalista
La medida ha revertido los efectos de la polémica inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una decisión impulsada por el MITECO pese a la oposición frontal de las comunidades con mayor presencia de la especie. Castilla y León, Galicia o Cantabria votaron en contra de esa protección, mientras que Baleares, Canarias o Melilla, sin lobos en su territorio, votaron a favor. Desde la publicación del cambio normativo en el BOE, las autonomías afectadas han recuperado la capacidad de gestionar la población de lobos mediante la caza controlada, con el objetivo de salvaguardar tanto la actividad ganadera como el equilibrio del medio rural, pero siguen sufriendo en carne propia los ataques de los perros asilvestrados a sus ganados, sin que puedan hacer nada para evitarlo.
