La Administración murciana ordena matar casi 400 arruís en Sierra Espuña mientras sigue sin autorizar su caza. Estos últimos permisos podrían haber aportado a las arcas cerca de 300.000 euros.
11/12/2018 | Redacción JyS
La entrada en vigor de la Ley 7/2018, que permite que algunas especies consideradas invasoras puedan ser gestionadas y controladas a través de la caza y de la pesca, no ha servido hasta el momento para zanjar la polémica que desde hace años acompaña al aprovechamiento cinegético del arruí, tal como informa hoy La Verdad. Después de que Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y AEMS Ríos con Vida se salieron con la suya en marzo de 2016, al conseguir que el arruí se considerase especie invasora sentenciándola a su exterminio, la aparente lentitud con la que la Administración regional está gestionando las autorizaciones está soliviantando a cazadores y gestores de cotos privados de la región, que ven cómo el final de la temporada cinegética está a dos meses vista sin que, hasta el día de ayer, la Consejería de Medio Ambiente que gestiona Javier Celdrán haya permitido cazar a los también conocidos como muflones del Atlas.
Pero lo que ha acabado por encender los ánimos del colectivo de cazadores, con unas 20.000 licencias anuales expedidas en la Región y más de 8.000 federados, es la constatación de que, a la vez que sigue sin autorizarse la caza deportiva de este ungulado, la Dirección General de Medio Natural acaba de ordenar que sean abatidos otros 385 animales en el Parque Regional de Sierra Espuña. Son los agentes medioambientales de la comunidad quienes una vez más están teniendo que asumir esta labor, con el coste que conlleva para las arcas públicas en horas de trabajo, combustible y munición, entre otros conceptos, mientras sigue sin autorizarse su caza a un colectivo que, además de regular esa población a coste cero, aportaría ingresos a la administración pública por precintos y tasas.
Responsables de varias sociedades de cazadores consultadas por el citado medio no esconden su malestar por esta situación. «Es paradójico que se estén empleando fondos públicos para abatir a arruís, unos 3.000 ya, y que a la vez no se esté permitiendo su caza deportiva, que además genera una importante riqueza en algunas zonas rurales», insisten de forma coincidente. Y ponen de manifiesto que solo los 385 ungulados que están siendo eliminados estos días, en virtud de la última orden de Medio Natural, tienen un valor cinegético de unos 300.000 euros.
Estas fuentes indican que no se entiende el retraso en la emisión de las autorizaciones, toda vez que las comunidades limítrofes, como la valenciana y la andaluza, dieron luz verde a la caza deportiva del arruí hace ya varias semanas.
La Administración atribuye la no concesión de los permisos a «problemas burocráticos»
Desde la Consejería se admite que la actual legislación permite que la gestión de este animal, como de otros considerados exóticos invasores, se pueda asumir en parte por los cazadores en algunas áreas de catorce municipios murcianos, pero atribuyen a problemas burocráticos el hecho de que aún no se haya permitido. Entre los trámites que se habrían tenido que superar figuran la delimitación del área geográfica en la que es posible la caza del arruí, la puesta en conocimiento de este documento al Consejo Asesor de Caza, la elaboración de las directrices a seguir con esa especie, informes de repercusiones en la Red Natura 2000 y Biodiversidad y la adaptación y redacción final del texto y su publicación en el BORM.
«Toda esta tramitación ha sido ya casi finalizada y se está en la última fase, con el texto definitivo elaborado, previo a su publicación», señaló un portavoz, por lo que los permisos estarán disponibles dentro de esta temporada cinegética.
