Un sosegado repaso del camino andado desde la firma del Tratado de Roma, allá por el año 1957, y hasta nuestros días, nos presenta a una agricultura europea que en su día fue pilar fundamental en la geopolítica de la Comunidad Económica Europea, precursora de nuestra actual Unión Europea. Así, en el año 1962 nació la Política Agrícola Común (PAC).
Cualquier análisis objetivo al respecto requiere de una previa labor axiológica del contexto político, social y económico de un “Viejo Continente” que, tras la Segunda Guerra Mundial, se moría de hambre. La PAC fue el primer gran acuerdo común que precisamente buscaba asegurar la autosuficiencia, evitar la dependencia exterior y estabilizar los mercados. De este modo, con ella se logró transformar una Europa deficitaria en una potencia agroalimentaria exportadora, garantizando alimentos asequibles y estables.
Al mismo tiempo, con la PAC se pretendía alcanzar una estabilidad rural, crucial para mantener vivos nuestros pueblos y sortear la despoblación, proporcionando un nivel de vida justo para nuestros agricultores.
Desde el punto de vista netamente económico, la UE se convirtió en el mayor importador y exportador agroalimentario del mundo, lo que le otorgó un enorme peso geopolítico en las negociaciones comerciales internacionales. De este modo, a través de aranceles y ayudas, la UE priorizó los productos internos, protegiendo su mercado de la volatilidad internacional y ejerciendo influencia sobre sus vecinos y socios comerciales.
Viraje hacia la sostenibilidad ambiental
Sin embargo, desde los años 90, coincidiendo con la firma del Tratado de Maastricht, la PAC ha ido perdiendo poco a poco su identidad. Se decidió apostar por la sostenibilidad ambiental en detrimento de la productividad. Y en el nuevo milenio llegaron el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces todas las políticas de la UE y de la mayoría de los estados miembros se han enfocado en la consecución de estos nuevos propósitos. Directivas, reglamentos y leyes que, al albor de estas metas, han priorizado ese espurio y mal llamado ecologismo en menoscabo de nuestro mundo rural. Ejemplo de ello es la Red Natura 2000, que creó una red de áreas de conservación (LIC/ZEC y ZEPA), diseñadas por la Comisión Europea para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea y que en el caso de España afecta a aproximadamente un 28% de su superficie terrestre.
Fruto de estas mismas directrices, la prohibición del uso de productos agrícolas tratados con ciertos plaguicidas, fitosanitarios y aditivos alimentarios y la suscripción del Pacto Verde Europeo se sumaron al animalismo más radical que entró de lleno en las instituciones para promulgar una retahíla de normas cuasi incompatibles con el desarrollo de las actividades propias de un campo ya lisiado. El pretendido impulso de la digitalización y la modernización del sector primario, unido al aumento excesivo de todas estas regulaciones, convirtió a los agricultores y ganaderos en verdaderos oficinistas al servicio de la Administración, relegando con ello al olvido todos esos conocimientos acumulados por nuestros campesinos en el desarrollo de sus actividades durante siglos.
La escalada de precios en las materias primas y en los insumos clave, como la energía (gasóleo), los fertilizantes, los piensos y los productos fitosanitarios, intensificado desde 2021 por la guerra de Ucrania y la inflación, han aumentado los costes de producción en la agricultura. Y, por supuesto, huelga decir que el acatamiento y la aplicación de todas estas restricciones normativas también han contribuido sobremanera a ello. ¿La consecuencia? Los costes de producción se han situado a niveles récord y la rentabilidad a mínimos históricos.
Acuerdos comerciales y supresión de aranceles
Ante este desalentador panorama, la “liberalización” comercial agrícola tras la formalización de tratados entre la UE y otros terceros países, como por ejemplo Marruecos, Turquía, Egipto o Sudáfrica, ha propiciado una notoria competencia desleal y, con ello, una palmaria pérdida de esa soberanía alimentaria que precisamente pretendía garantizar la PAC primigeniamente en su gestación.
Ahora, tras el acuerdo UE-Mercosur, la apertura de mercados permitirá la libre entrada, sin aranceles, de productos extranjeros cultivados con unos costes de producción mucho más bajos que los que están obligados a asumir los agricultores españoles y que, por ende, resultarán mucho más baratos (además que de peor calidad), ocasionando con ello una notoria desventaja para nuestra producción local. Y es que, al fin y al cabo, los agricultores de esos países no están sometidos a esa restrictiva normativa que, como se ha dicho, ha propiciado un aumento de los costes de producción para nuestro sector primario.
Desde Bruselas se pide tranquilidad y sosiego, enarbolando las salvaguardias como garantía de protección de nuestros agricultores, pero la realidad es que los antecedentes no son para nada halagüeños. Los incumplimientos de acuerdos similares ya suscritos con anterioridad por la UE con otros terceros países han sido sistemáticos y hasta normalizados: etiquetados de origen falsos, transgresión de contingentes, carencia de rigurosidad en los controles fronterizos; etc. Su ineficacia es por tanto patente.
¿Ya es tarde?
Dicho todo lo anterior, es de justicia echar la vista atrás y tornar ahora al origen y embrión de la PAC. A su espíritu, a su idiosincrasia… ¿Qué queda de ella? Nada. Recemos, pues, por esa soberanía alimentaria. ¿Qué ocurrirá con nuestros pueblos y sus gentes? Que Dios los acoja en su seno. Lamentablemente, esa gran potencia agroalimentaria yace ya expirante, agonizante. Ojalá no tengamos que vivir de nuevo una hambruna para recordar que aquella PAC, la genuina, fue en su día nuestro salvavidas. Sin embargo, sin ánimo de crear alarmismo, el contexto geopolítico actual invita precisamente a idealizar esa autosuficiencia como pilar fundamental de nuestra seguridad nacional y estabilidad estratégica.
“Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en mí no morirá”, le dijo Jesús a Marta antes de resucitar a Lázaro (Juan 11:25-26 (RVC)). Solo si creemos en él, en nuestro campo, no morirá. En nuestras manos está. ¡Luchemos por él!
Autor: Jaime Valladolid / Abogado especializado en Derecho Rural
Asesor jurídico de la Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara (ADECGU)
