Una amplia mayoría de países europeos expresó este lunes en Bruselas su oposición a la propuesta de la Comisión Europea para prohibir el uso del plomo en la munición de caza y en los aparejos de pesca. Durante la reunión de ministros de Agricultura y Pesca, celebrada para debatir el borrador legislativo, fueron numerosas las voces que manifestaron su disconformidad con una iniciativa que ha sido considerada, por muchos Estados miembros, como precipitada y desproporcionada.
Una propuesta polémica desde su origen
La Comisión Europea anunció su intención de restringir drásticamente el uso del plomo tanto en la caza como en la pesca el pasado mes de febrero, una medida que según fuentes comunitarias responde a los riesgos para la salud y el medio ambiente detectados por la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Tal como informó Jara y Sedal en su momento, el reglamento pretendía imponer un calendario estricto de eliminación del plomo en municiones y aparejos, siguiendo la agenda marcada por el lobby ecologista.
El debate arrancó con la intervención de la República Checa, que lideró el rechazo frontal al texto propuesto. A partir de ahí, se sucedieron las intervenciones de otros muchos países que compartieron su preocupación. Las objeciones fueron contundentes: desde el alto coste económico para los sectores afectados hasta la falta de alternativas viables, pasando por el impacto que podría tener en la defensa europea, la pesca recreativa y la gestión cinegética de especies como el jabalí.
España reclama una excepción para el jabalí
El ministro de Agricultura, Luis Planas, intervino en nombre de España para destacar dos aspectos clave. Por un lado, reclamó un periodo transitorio de entre cinco y diez años que permita una adaptación progresiva del sector a la fabricación de munición sin plomo. Por otro, solicitó una excepción específica para mantener el uso de este material en el control poblacional del jabalí, argumentando que su sobreabundancia representa un riesgo real para la sanidad animal y la agricultura.
Argumentos comunes entre los estados miembros
Grecia, Portugal, Italia, Austria o Letonia compartieron la preocupación por la falta de alternativas técnicamente viables y alertaron del impacto en sectores como la pesca deportiva o la acuicultura. Varios de ellos señalaron que una aplicación inmediata de la prohibición podría generar graves perjuicios para productores, cazadores y consumidores. Suecia, con un enfoque más técnico, cuestionó la solidez de los datos científicos utilizados para justificar la medida.
Por su parte, Lituania, Estonia y Finlandia mostraron una postura más matizada. Si bien reconocieron la necesidad de reducir el uso de plomo, exigieron una transición razonable, ayudas económicas concretas y la posibilidad de que cada Estado miembro adapte la normativa a su realidad social y económica.
La Comisión se queda sola con las tesis del lobby ecologista
La comisaria responsable de la propuesta tomó la palabra para defender el texto siguiendo el guión establecido por el lobby ecologista. Explicó que el proceso se basa en informes científicos elaborados por la Agencia Europea de Sustancias Químicas y que las conclusiones evidencian los riesgos que el plomo representa para la salud humana y la biodiversidad. Subrayó además que el reglamento prevé exenciones para usos militares y de tiro deportivo, y que se contempla una aplicación gradual y con plazos amplios. Sin embargo, no hizo ni una sola mención a los estudios que demuestran el nulo impacto de la munición de plomo en el medio ambiente.
A pesar de ello, la mayor parte de los representantes nacionales se mostraron críticos con el enfoque de la Comisión, al considerar que no se han tenido en cuenta las implicaciones económicas ni el contexto geopolítico actual.
¿Qué posición tiene cada país?
El resultado de la reunión deja claro que el reglamento, tal como está redactado, no cuenta con respaldo suficiente para prosperar. Hasta 14 países expresaron su rechazo a la propuesta: República Checa, Eslovaquia, Grecia, España, Portugal, Austria, Letonia, Italia, Suecia, Hungría, Bulgaria, Estonia, Lituania y Finlandia. La mayor parte de ellos coincidieron en que la iniciativa necesita una revisión profunda que contemple periodos de transición realistas, apoyo económico al sector y un enfoque adaptado a las particularidades de cada Estado miembro. Este es el resumen de las intervenciones de cada uno de ellos y sus principales argumentos.
En contra de la prohibición del plomo tal como está planteada (rechazo directo):
- Chequia
→ Contra la propuesta. Lidera el rechazo. Cree que los efectos serían negativos para sectores económicos y la salud. - Eslovaquia
→ Contra la propuesta. Considera que dañará la pesca y provocará subida de precios. - Grecia
→ Contra la propuesta. No existen alternativas viables en el medio marino. - España
→ Contra el texto actual. Pide una excepción para el control del jabalí y transición de 5 a 10 años. - Portugal
→ Contra. No hay alternativas económicamente viables. - Austria
→ Contra. Cita la necesidad de proteger la defensa nacional y europea. - Letonia
→ Contra. Considera la propuesta excesiva, pide exenciones y transición larga. - Italia
→ Contra. Cree que no es el momento oportuno por la situación geopolítica y falta de alternativas. - Suecia
→ Contra. No hay bases científicas sólidas, riesgo de crear incertidumbre normativa. - Hungría
→ Contra. Afectaría la gestión cinegética y la defensa europea. - Bulgaria
→ Contra. Pide que solo se aplique a armas nuevas, y critica que no hay justificación suficiente.
A favor, pero con modificaciones importantes (revisión del texto):
- Estonia
→ A favor de limitar el plomo, pero exige un enfoque basado en ciencia que no perjudique la pesca recreativa. - Lituania
→ Reconoce el problema del plomo, pero pide excepciones y transiciones largas. - Finlandia
→ A favor del objetivo, pero propone mejorar los detalles, especialmente en ayudas y plazos. Pide que los Estados miembros gestionen ciertos aspectos.
A favor de la propuesta tal como está (defensa explícita de la Comisión Europea):
- Comisión Europea
→ Defiende el proceso basado en evidencia científica y afirma que ya incluye exenciones militares, transiciones y enfoque limitado. Sostiene que hay alternativas viables.
