En plena ofensiva del Gobierno para acelerar la transición energética, los primeros damnificados ya tienen nombre y rostro. Antonio Miguel, un agricultor de Jaén, se ha convertido en símbolo del drama que viven quienes han dedicado su vida al campo y hoy se ven forzados a renunciar a su tierra y su historia para dejar paso a proyectos de energías renovables.
La transición energética arrasa con siglos de tradición
Antonio Miguel posee varios olivares en la provincia de Jaén, cuna del aceite de oliva español. Algunos de sus árboles superan los trescientos años de vida, testigos mudos del paso del tiempo, la guerra y la sequía. Pero ni la historia ni el arraigo emocional han frenado la expansión de las plantas solares. Empresas privadas, respaldadas por resoluciones administrativas, han puesto sus ojos en estos terrenos para instalar placas fotovoltaicas que transformarán la luz del sol en electricidad.
El agricultor denunció entre lágrimas en el programa Espejo Público que ha tenido que ceder al arrendamiento de su finca por miedo a una expropiación forzosa. «No quiero ni dinero ni alquileres. Sólo deseo seguir con mis olivos, vivir de ellos como he hecho siempre», dijo visiblemente afectado. La impotencia es común entre muchos agricultores andaluces que se sienten presionados por un proceso que consideran injusto y desequilibrado.
Negociaciones que los afectados tildan de imposición
La Junta de Andalucía, según el testimonio de Antonio, ofreció dos alternativas a los propietarios: negociar un acuerdo con la compañía energética o enfrentarse a la expropiación. A ojos del agricultor, esto no es una verdadera elección. «Nos dicen que es amistoso, pero si no firmas, te quitan la tierra. ¿Dónde está la libertad?», denunció con amargura.
Cien agricultores andaluces ven expropiar sus tierras y talar 100.000 olivos para plantar placas… mientras España se queda sin luz
Este tipo de prácticas, según los afectados, están cada vez más extendidas. Las empresas energéticas, protegidas por un marco legal favorable a las renovables, acceden a terrenos agrícolas tradicionales que han sostenido durante siglos la economía rural. La promesa de progreso choca frontalmente con la realidad del campo: pérdida de patrimonio, desarraigo y frustración.
Pérdidas emocionales irreparables
El arrendamiento de sus tierras supondrá unos ingresos de aproximadamente 3.000 euros por hectárea, una cantidad que Antonio considera insuficiente frente al valor sentimental de sus fincas. «Después de toda una vida cuidando este campo, me encuentro con que no tengo alternativa. ¿Qué clase de democracia es esta, en la que tienes que entregar tu finca para no perderla por completo?», lamentó entre sollozos.
Para él, la instalación de paneles solares no representa un avance, sino una amenaza. «Lo llaman progreso, pero para nosotros es la destrucción de todo lo que hemos construido durante generaciones», explicó en televisión. En un momento en el que la sostenibilidad es bandera de la acción política, los afectados piden ser escuchados y protegidos.
@espejopublico 🌳 Antonio Miguel, agricultor de Jaén se rompe en directo ante la situación de sus hectáreas de olivo ☀️ Sus olivos van a ser remplazados por placas solares 📲 Más contenidos en la web de #EspejoPúblico ♬ sonido original – EspejoPublico
El testimonio de Antonio Miguel ha sacado a la luz una realidad cada vez más común en el sur de España: la tensión entre el desarrollo energético y la conservación de un mundo rural que se siente arrinconado. Su frase final lo resume todo: «Esto es una dictadura». ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la energía verde?
