La aprobación en 2023 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, fue celebrada por las principales organizaciones ecologistas del país. Sin embargo, esa misma norma ha limitado drásticamente el control de los gatos callejeros, otorgándoles un estatus protegido y obligando a las administraciones a mantener colonias felinas con puntos de alimentación financiados con fondos públicos.
Científicos y cazadores advirtieron que este modelo provocaría un grave impacto sobre la fauna silvestre, especialmente en especies amenazadas. Las organizaciones que se presentan como guardianas del medio ambiente, como SEO/BirdLife, no solo ignoraron las advertencias, sino que en el momento de la votación parlamentaria del 9 de febrero de 2023 evitaron pronunciarse sobre la ley. Mientras el Congreso daba luz verde a la norma, la cuenta oficial de SEO publicaba en redes sociales hacía publicaciones triviales, sin mencionar ni una palabra sobre el blindaje de los gatos asilvestrados.
Canarias: liberación masiva en un espacio protegido
Un caso paradigmático ha estallado en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, en Lanzarote. Entre el 25 y el 28 de julio de 2024, una campaña de captura, esterilización y retorno —financiada por la Consejería de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote— liberó al menos 126 gatos sin la preceptiva autorización del órgano gestor ni la evaluación de impacto ambiental obligatoria. SEO/BirdLife, que dirige Asunción Ruiz, denuncia ahora que esta actuación «contravenía la legislación estatal y autonómica sobre biodiversidad y bienestar animal, así como las directrices de gestión del espacio protegido». Lo que no dice es que cumple con la ley animalista que ellos apoyaron con su silencio cómplice.
La ONG advierte ahora de que los gatos asilvestrados suponen una amenaza directa para aves marinas como el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), en peligro crítico, y que informes oficiales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales documentan la muerte de al menos 130 aves en La Graciosa entre 2020 y 2023, con episodios de mortalidad masiva que afectan a colonias enteras. Pese a la magnitud del problema, la organización solo ha elevado la denuncia en el ámbito local —como en Canarias o Sevilla—, evitando un pronunciamiento nacional que podría incomodar al Gobierno.
En marzo de 2025, SEO/BirdLife solicitó la retirada de los gatos de la isla, sin respuesta. La denuncia posterior ante la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias reclama investigar los hechos, depurar responsabilidades y aplicar medidas cautelares como la captura y reubicación de los animales. La Graciosa es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona Especial de Conservación (ZEC), Área Importante para las Aves (IBA) y Parque Natural, lo que refuerza la gravedad de la situación.
Sevilla: un parque sin aves por las colonias felinas
En el Parque del Alamillo, en Sevilla, la historia se repite. El Grupo Ornitológico del Sur (GOSUR), fundado en 1979 y responsable del seguimiento científico de aves en la zona durante décadas, ha suspendido en mayo de 2025 su programa de anillamiento debido a la depredación masiva causada por los gatos asilvestrados. Lo que antes era un pulmón verde lleno de vida se ha convertido, según denuncian, en un entorno hostil para la fauna.
La propia SEO/BirdLife ha reconocido la gravedad del problema y ha remitido cartas a administraciones públicas andaluzas (gobernadas por el PP) para exigir medidas urgentes. Sin embargo, este reconocimiento llega tras años de silencio frente a una ley impulsada por el PSOE que ha multiplicado los puntos de alimentación felina y ha impedido cualquier control efectivo de estas poblaciones. Los científicos ya alertaron de que la norma, impulsada desde los postulados más radicales del animalismo, generaría un efecto llamada que agrava la depredación sobre aves protegidas y otras especies. SEO/BirdLife parece haberse enterado ahora.
