En el borrador de la nueva ley de caza se establece un sistema de seguimiento de las capturas realizadas, de las que deberán darse cuenta de forma inmediata a la Administración. La Federación regional y la ONC plantean a Jara y Sedal los inconvenientes que puede tener esta fórmula, como la falta de cobertura en algunas zonas rurales.
07/1/2020 | Redacción JyS
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente somete hasta el próximo 17 de enero de 2020 al trámite de información pública el Anteproyecto de Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, que estará a disposición de la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. El nuevo texto sustituirá a la actual Ley de Caza, vigente desde 1996, y pretende adaptar la regulación de esta actividad a los cambios que se han producido en estos 23 años.
Una de las cuestiones sobre las que más se incide en el anteproyecto es que la caza debe realizarse en el marco de una planificación rigurosa, periódica y constante, que garantice su sostenibilidad. Por ello, todos los planes cinegéticos de los más de 5.000 cotos de caza que existen en Castilla y León deberán ser elaborados por técnicos competentes y aplicando unas metodologías estandarizadas y contrastables, tanto en la realización de los inventarios como en el cálculo de los cupos de caza. Y deberán renovarse al menos cada cinco años, ya que ese es su plazo de vigencia máximo.
Además, el borrador de Ley de Caza establece un sistema de seguimiento de las capturas realizadas que garantice que no se superan los cupos de caza permitidos, además de proporcionar datos valiosísimos para el conocimiento actualizado de los ecosistemas. Para ello se prevé la implementación de una aplicación informática a través del teléfono móvil que permita a los cazadores registrar las capturas que realicen. No obstante, se prevé un periodo transitorio de cuatro años para adaptarse a este nuevo sistema.
Felipe Vegué: «Esta medida sólo puede nacer del absoluto desconocimiento de las zonas rurales»
Para el presidente de la Oficina Nacional de Caza, Felipe Vegué, esta medida «sólo puede nacer de un absoluto desconocimiento de la realidad de las zonas rurales en las que habitualmente se practica la actividad cinegética y, lo que es aún más grave, del estatus social y económico de muchos de los practicantes de nuestra querida actividad», explica.
«Sólo desde el absoluto desconocimiento de la realidad económica y social del mundo rural de Castilla y León, y de la práctica y los practicantes de la actividad cinegética, puede pretenderse la imposición de una norma como la que venimos comentando por mucho que se pueda establecer para su aplicación una vacatio legis de cuatro años», añade el presidente de la ONC.
Por último, defiende que «no es que estemos en contra de las nuevas tecnologías, pero apliquemos estas con criterio y cabeza y para aquello que realmente resulte necesario, no para favorecer intereses de empresas informáticas interesadas en la aplicación de esas tecnologías, tratando de imponerlas en nuestra actividad cinegética, aun chocando con la realidad evidente de la imposibilidad de muchos de los practicantes de acceder a tales medios, y por la inexistencia en las zonas en que se practica de la más mínima cobertura para implementar dichas tecnologías.
Santiago Iturmendi: «Pretender de la noche a la mañana convertir a una generación de cazadores es precipitado»
El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, ha destacado en declaraciones a Jara y Sedal que «hay que avanzar tecnológicamente en el mundo de la caza y del seguimiento de capturas, además de todo lo que sea que la caza sea más racional y más razonable, poniendo los medios para poner un conocimiento muy bueno de las capturas y qué tipo de capturas que estamos haciendo».
Aun así, Iturmendi cree que «pretender de la noche a la mañana convertir a una generación de cazadores en personas que manejan aplicaciones informáticas es un poco precipitado. Con el tiempo sí se podrá conseguir…», admite. «No creo que cada vez que abatamos una pieza, debamos tenerla para rellenar una ficha o meter los datos en una aplicación informática. Sí se podría hacer con el análisis de la jornada, pasándolo a una ficha, pero hacerlo con una pieza me parece osado y absurdo», reconoce Iturmendi.
La evolución del medio rural ha producido un notable incremento de los terrenos forestales, y las especies allí presentes, sobre todo las de caza mayor, se han multiplicado, provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, con daños como los derivados del preocupante aumento de los accidentes de tráfico, y con mayor dificultad para controlar enfermedades de la fauna.
Esta evolución es la que motiva incluso el cambio de nombre de la Ley, que obedece a las importantes novedades que se proponen en su contenido, haciendo un especial hincapié en que su finalidad es la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. En el texto se reconoce el papel tradicional de la caza y su notable relevancia cultural, deportiva, turística y social, y como instrumento del control ordenado de las poblaciones de la fauna silvestre, y se establecen importantes novedades para garantizar que se practique de forma sostenible, garantizando la conservación de las especies, contribuyendo al desarrollo de los territorios rurales.
«No creo que cada vez que abatamos una pieza, debamos tenerla para rellenar una ficha o meter los datos en una aplicación informática. Sí se podría hacer con el análisis de la jornada, pasándolo a una ficha, pero hacerlo con una pieza me parece osado y absurdo», reconoce Iturmendi.
La Federación regional «está de acuerdo en el control de capturas, en la entrega de muestras biológicas de todas las piezas que se abaten y si hay que intensificarlos lo haremos, pero con medios que estén al alcance de la inmensa mayoría de los cazadores», concluye el presidente de la federativa.
