Un cazador riojano abatía un lobo en la Sierra de la Culebra pero la Guardería Mediambiental se lo requisaba. Después de demostrar que lo cazó legalmente reclamó el trofeo, pero lo habían perdido. Ahora han tenido que pagarle cerca de diez mil euros por daños y perjuicios. 
18/7/2019 | Redacción JyS

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Lobo. / Shutterstock

Cinco años después de que un cazador riojano abatiera un lobo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se vio obligada por los tribunales a indemnizar con 9.261 euros al hombre ya que la Guardería Medioambiental de la Sierra de la Culebra le requisó el animal. El cuerpo se echó a perder junto a otros, porque se descongeló el frigorífico donde lo guardaban y el trofeo también lo perdió la Junta porque fue robado años después junto a más de una docena de trofeos de ciervo y corzo, según ha informado La Opinión de Zamora. 
Todo comenzó cuando el riojano, haciendo uso de una autorización para abatir un lobo en el coto de Gallegos del Campo, cazó un buen ejemplar en compañía de la organización «Caza en Abierto». Esperó con paciencia y a las 7,45 horas de la mañana del día 28 de febrero de 2013 obtuvo la recompensa. Era un lobo macho de gran envergadura -un metro y tres centímetros de longitud-, de 74,5 centímetros de altura de cruz y 35 kilos de peso. Como marca la legalidad, la Guardería Medioambiental y la Guardia Civil fue puesta al corriente de la espera y también del resultado.

Denunciado por cazar en «día de fortuna»

La alegría del cazador se truncó cuando la Guardería le denunció porque, según argumentó, mató el lobo en un «día de fortuna», con nieve. En consecuencia, el hombre fue sancionado por una infracción grave con 437,25 euros de multa y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación por un año. El expediente fue recurrido sin tardanza y dio comienzo a una cascada de reveses judiciales para la Junta. 
Según explica el citado medio, la cuestión de la nieve fue algo controvertido porque, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Guardería hablaba «de 25 centímetros» y el agente de campo de «11 en el punto más alto, y 4 en el más bajo». La defensa señala que la Junta medía «donde había escobas». Además, la defensa probó que ese día otro lobo había marchado por el mismo lugar, y las huellas lo evidenciaban, sin dejar a su paso «ningún arrastre de nieve en la carrera, lo que indica que su escape y huida no estuvo limitada por la nieve».

El cazador reclamó la devolución del dinero y de la pieza

El TSJ anuló en marzo de 2016 la resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que desestimaba el recurso presentado por la defensa del cazador contra el expediente sancionador. Con el fallo a su favor, el riojano reclamó el 10 de mayo de 2018 la devolución del dinero, más intereses, «así como la devolución de la pieza de caza». 
La sorpresa mayúscula llegó para el riojano y su abogado cuando el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, en cumplimiento de la sentencia, remitió un inesperado informe de la Dirección Técnica de la Reserva Regional de Caza de La Culebra, relativo al lobo decomisado diciendo que el cuerpo del animal se había echado a perder por un fallo en el congelador en el que se encontraba. 
A falta de cuerpo, el riojano quiso el cráneo, pero fue imposible porque, para colmo, según recoge el informe de Medio Ambiente, el almacén donde se conservaba «sufrió un robo» y había desparecido. 

Finalmente el hombre fue indemnizado

La defensa del cazador riojano, «visto el informe donde se hace constar la pérdida del animal, primero por descongelación, y segundo por robo», y tras dar fe de «su extrañeza y desagradable sorpresa» reclamó, a cambio del lobo, el dinero equivalente al valor del cánido «por el quebrantamiento de las obligaciones asumidas por la Junta de Castilla y León». Una valoración que la propia Junta tiene establecida por Decreto en la cuantía de 9.261 euros.
Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia estimaba las pretensiones del riojano, R. V. M., y acordaba que la indemnización tenía que ser abonada «en el plazo más breve posible y, en todo caso, en tres meses». Ahora el cazador ha recibido los cerca de 10.000 euros de indemnización después de un proceso judicial que se ha dilatado varios años.