En una finca agrícola del municipio tarraconense de La Galera, un hombre de 56 años está siendo investigado por un presunto delito contra el medioambiente. El motivo: utilizar un potente veneno ilegal con el objetivo de eliminar conejos, una práctica que pone en peligro la biodiversidad del entorno.
Cebos envenenados colocados estratégicamente
La investigación comenzó a mediados de enero, cuando agentes del SEPRONA detectaron en una finca agrícola de La Galera una serie de comprimidos sospechosos esparcidos por el terreno. Estos cebos, colocados en zonas de paso habituales de conejos, llamaron la atención de los especialistas por su apariencia y distribución. Según la Guardia Civil, esta disposición evidenciaba una intención deliberada de causar daño a la fauna silvestre.
Tras varias semanas de vigilancia, el pasado 23 de enero los agentes localizaron al presunto autor de los hechos. Se trata del encargado del mantenimiento de la finca, quien se encontraba en el lugar donde se habían detectado los cebos envenenados. En ese momento fue informado de que estaba siendo investigado por un delito contra los recursos naturales, la fauna y los animales domésticos.
Un método peligroso y no selectivo
Los cebos encontrados contenían rodenticida, también conocido como raticida, una sustancia extremadamente tóxica que puede afectar a múltiples especies. Aunque su objetivo eran los conejos, el uso de este veneno supone un grave riesgo para otras formas de vida, desde aves carroñeras hasta mascotas que puedan tener contacto con los restos contaminados.
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El SEPRONA ha insistido en que este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino profundamente perjudiciales para el equilibrio ecológico. La utilización de sustancias tóxicas para el control de fauna está expresamente prohibida por su carácter no selectivo y su alta capacidad de dispersión en la cadena trófica.
Consecuencias legales y advertencia a la ciudadanía
Las diligencias del caso fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Amposta y a la Fiscalía de Medio Ambiente. El hombre podría enfrentarse a sanciones severas, incluyendo multas cuantiosas, inhabilitación para actividades relacionadas con la caza o incluso penas de prisión.
Desde la Guardia Civil se ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de estas prácticas.
