Pedro Morrás -7/2/2018-
El mundo de la caza y el tiro sufren de forma periódica ataques que, bajo subterfugios, pretenden la merma de estas actividades y, a ser posible, nuestra desaparición. Para ello los anti caza buscan argumentos de un tipo u otro, dependiendo de la ocasión: supuesto pacifismo, seguridad pública, ecologismo… Solemos reaccionar tarde, y consiguen hacernos un daño que podría haberse evitado o, cuando menos, dulcificado.
En los últimos años, los ataques más graves dirigidos a nuestro colectivo tienen origen en la pretensión de que desaparezca el plomo de nuestros cartuchos y balas.
Las que hace años eran posiciones radicales anti caza, sin grandes apoyos, a partir del 2001 se convirtieron en prohibiciones concretas, como la de utilizar munición de plomo en los humedales reconocidos Ramsar. En la legislación española esta limitación se extendió a otros humedales e incluso -en teoría- a la red Natura 2000 a causa de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad –la ley Narbona–, lo que ha acabado de complicarse porque el Gobierno no se ha atrevido a derogar esa ley que se quedó en un limbo. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2013 volvió a poner en vigor ciertas restricciones a la munición con plomo, que fue uno de los motivos fundamentales de la manifestación de los cazadores de marzo de 2008.
En los últimos tiempos, ha habido varias iniciativas para prohibir la munición con plomo (Conferencia de las Partes celebrado en de Quito de noviembre de 2014; también el proyecto de ley en Galicia en el año 2015) o restringir su uso en campos de tiro o prohibirlo en las tiradas de los Juegos Olímpicos (IUCN en septiembre 2016), lo que ha obligado a la industria a constantes acciones en las que argumentamos mucho, pero manejamos pocos datos.
Basta leer atentamente estos dos últimos párrafos para darnos cuenta que estos ataques aumentan en fortaleza y frecuencia y si triunfaran, el mundo de la caza y el tiro difícilmente podría sobrevivir. Como mucho malvivir.
A pesar de que lo lógico sería que para cualquier prohibición existiera un estudio científico claro que mostrara el daño que se pretende evitar, la Administración nos pone las cosas cada vez más difíciles, pidiéndonos pruebas de la inocuidad de la munición con plomo.
Aunque ya existen estudios científicos sobre cuestiones como la ingesta de carne de caza o los efectos de plomo en las tendencias de las poblaciones de las aves (cuyos resultados concluyen que son inapreciables), no nos bastan para detener la amenaza más importante que tiene el mundo cinegético en general y nuestra industria en particular: ya seamos fabricantes, importadores/distribuidores o armerías y nos dediquemos a la caza mayor o la caza menor. Es indiferente. Nuestro futuro está en juego.
La prohibición del uso de munición de plomo llevaría a la desaparición de cientos de miles de cazadores y tiradores en España, incapaces de asumir el costo de cualquier munición alternativa posible y, todo ello, sin fundamento científico que demuestre la malignidad de la munición de plomo.
La Administración, poco proclive a apoyarnos, nos pide datos sobre la inocuidad de la munición con plomo en ciertas aves, que son la base de la práctica cinegética española. Ahora ya es la ciencia la que tiene que hablar y demostrar si sus efectos son dañinos como aseguran los ecologistas o si, por el contrario es inocuo para nuestro medio ambiente. El tiempo juega en nuestra contra y nos toca mover ficha.
En esta situación, la industria española ha decidido impulsar un estudio científico realizado por las universidades de Valencia y Murcia para analizar los efectos reales de la munición con plomo en diversas aves. Esta investigación se ha abierto a todo el sector cinegético, pidiendo su participación y colaboración en él. La pregunta es ¿va apoyarlo también el mundo de la caza que se juega su futuro?
