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Heridos tres perros de caza tras caer en varios cepos ilegales

Sus dueños, cazadores, grabaron la escena y avisaron al Seprona para denunciar la instalación de estas trampas.

Edu Pompa

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la isla de La Palma han instruido diligencias en las que investigan a un varón de 55 años, vecino del municipio de la Villa de Mazo, por la colocación de cepos metálicos en una explotación agrícola de su propiedad, según ha informado El Español.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando tres de los perros de dos cazadores que se encontraban legalmente entrenándolos por la zona de Barranco Hondo, en la Villa de Mazo, quedaron atrapados en cepos ilegales sufriendo heridas en las patas.

Tras conseguir liberar a los perros, de raza podenco canario, los cazadores grabaron imágenes de las trampas y de los animales heridos y presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.

El propietario de los terrenos se negó a dejar pasar a los agentes

Los agentes del Seprona se presentaron en el lugar para comprobar los hechos, sin embargo, la persona denunciada -propietaria del terreno donde se encontraban los cepos- se negó a facilitar la entrada a los agentes, por lo que la inspección se llevó a cabo tras el correspondiente mandamiento judicial.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, los agentes instruyeron diligencias en las que investigan al propietario del terreno donde se encontraban los cepos por un presunto delito contra la fauna, debido al empleo de artes e instrumentos no selectivos ni autorizados, así como por un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad por negarse a facilitar la citada inspección.

La tenencia, utilización y comercialización de cepos-trampa se encuentran prohibidas según lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la Ley 7/1998 de Caza de Canarias.

Por su parte las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma y las denuncias administrativas se han remitido a las distintas autoridades gubernativas con competencia sancionadora, según añade el citado medio.