Los animales muertos hallados en una fosa en el municipio albaceteño de Hellín «no tienen relación alguna con ningún tipo de actividad cinegética». Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil ante la consulta realizada por Fundación Artemisan y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.
En la comunicación remitida a ambas entidades, la Guardia Civil descarta rotundamente que los cadáveres animales localizados tengan relación alguna con la caza, por lo que desde las dos organizaciones condenan las falsas acusaciones que se han vertido contra el sector cinegético desde que se conociera la noticia del hallazgo de la fosa de Hellín.
Acusaciones que han llegado desde numerosos sectores animalistas e incluso desde las propias instituciones, en concreto por parte del director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, o desde el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde.
Y es que García Torres compartió en sus redes la noticia de la fosa de cadáveres de animales de Hellín, afirmando que «casualmente todos de razas utilizadas en la caza» y, haciendo alusión al presidente de Castilla-La Mancha y su rechazo a la Ley Animalista impulsada por el ministerio de Ione Belarra, afirma que «puso su empeño en proteger a quien comete estas atrocidades».
Por su parte, Juan López Uralde compartió en sus redes contenido que afirmaba que se trataba de «animales mutilados a los que arrancaron el chip, seguramente porque no cazaban bien» y aprovechó para cargar contra quienes se oponen a la ley animalista, tildándoles de «dar difusión a múltiples bulos falsos».
La Federación de caza y Artemisan exigen que se retracten
Desde la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y Fundación Artemisan exigen al director general y al diputado de Podemos que se retracten de sus palabras con las que, una vez más, ha vuelto a cargar contra el sector cinegético sin ningún tipo de pruebas, aún cuando ellos mismos podían haber solicitado esta información al SEPRONA si realmente hubiesen estado interesados en conocer la realidad de los hechos y en la protección animal.
Que personas que ostentan la representación de los ciudadanos en las instituciones públicas y el propio Gobierno señalen a un colectivo como responsable de un delito, sin pruebas y cuando la información estaba al alcance de su mano, no solo debería ser penado, sino que debería conllevar su dimisión inmediata y, como, una rectificación inmediata.
Asimismo, desde ambas entidades solicitan a la Guardia Civil que se investiguen y esclarezcan los hechos y se informe sobre la procedencia de los cadáveres animales hallados para que no vuelva a repetirse esta situación y para que determinados sectores no sigan utilizando informaciones falsas para desprestigiar al colectivo de cazadores.
