El Gobierno ha reactivado la creación de un registro nacional de perros, gatos y hurones a través de un Real Decreto que comienza a elaborar el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta medida, anunciada por Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, busca homogeneizar el sistema de identificación de animales en toda España, pero levanta serias alarmas entre los cazadores debido al posible acceso de asociaciones animalistas a sus datos personales.
Un registro nacional para unificar la identificación de animales
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, anunció este lunes la creación de un sistema unificado de identificación de animales de compañía. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con los gobiernos autonómicos, permitirá establecer una base de datos estatal con información detallada de cada animal registrado.
«Debemos recordar que un animal identificado es un animal protegido», afirmó Martínez durante una reunión con representantes de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) y José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales. La iniciativa busca facilitar la localización de animales perdidos y mejorar su protección.
El sistema, que será implementado a través de un Real Decreto, establecerá criterios comunes para toda España. Los veterinarios serán los únicos profesionales habilitados para realizar la identificación, asegurando así la trazabilidad de los animales desde su nacimiento o adopción.
La amenaza del acceso a los datos personales
El principal foco de preocupación surge de la posibilidad de que entidades de protección animal puedan acceder a los datos personales de los propietarios registrados. Esta situación ya fue advertida por Jara y Sedal el pasado año, cuando se filtró un borrador que establecía la creación del Sistema Central de Registros para la Protección Animal (SICERPA).
Este sistema obligaría a registrar información sensible, como el nombre, NIF, historial de propietarios, raza, fecha de nacimiento y categoría de inscripción del animal. En el caso de los perros de caza, quedaría especificado su uso cinegético, lo que haría evidente la condición de cazador de su titular.
El acceso a esta base de datos por parte de asociaciones animalistas es especialmente preocupante debido a los escasos requisitos para ser reconocidas como entidades de protección animal: bastaría con estar legalmente constituidas y disponer de un número de identificación fiscal, sin necesidad de acreditar trayectoria, personal cualificado o capacidad de gestión de datos.
Animalistas con acceso a los datos de los cazadores
Este escenario resulta especialmente delicado para el sector cinegético, que ha denunciado reiteradamente los ataques y acoso que sufren por parte de grupos animalistas radicales. La Plataforma No A la Caza (NAC), integrada por 84 asociaciones, es un claro ejemplo de organizaciones que criminalizan la actividad cinegética y organizan protestas anuales contra los cazadores.
Si la normativa se aprueba tal y como estaba planteada en el borrador de 2024, estas entidades podrían acceder libremente a los datos personales de los cazadores con solo registrarse como protectoras. Esto abriría la puerta a posibles usos indebidos de la información, facilitando el hostigamiento hacia quienes practican la caza.
Según datos de la Fundación Artemisan, en España hay 750.000 cazadores con licencia y 500.000 perros de caza, lo que dimensiona la magnitud del problema. Los cazadores temen que esta información pueda ser utilizada para señalarlos públicamente o dificultar la recuperación de sus perros en caso de extravío o robo.
Plazo de consulta pública para modificar el texto
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Derechos Sociales ha abierto un plazo de consulta pública de quince días para recabar opiniones de las organizaciones implicadas, colegios veterinarios y ciudadanía en general. Para ello ha habilitado un correo electrónico ([email protected]) al que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, podrán hacer llegar sus opiniones hasta el próximo 20 de marzo.
José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, ha asegurado que trabajarán en colaboración con REIAC y otras entidades para definir los requisitos que deberán cumplir los veterinarios y garantizar así una correcta gestión del sistema de identificación.
La medida, aunque propuesta para mejorar la protección animal, debe ser cuidadosamente redactada para evitar vulnerar los derechos de los cazadores y garantizar que los datos personales queden debidamente protegidos. De lo contrario, lejos de ser una herramienta que cuide del bienestar animal, el registro podría convertirse en un arma de persecución ideológica contra uno de los sectores más tradicionales y arraigados de la cultura rural española.
El futuro del Real Decreto dependerá, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para encontrar un equilibrio entre la protección animal y los derechos de los ciudadanos. El sector cinegético estará muy atento al desarrollo del texto, con la esperanza de que sus advertencias sean escuchadas y la normativa final no repita los errores del pasado.
