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El Gobierno institucionaliza la criminalización a los cazadores con un polémico registro de perros de caza abandonados

La Dirección General de los Derechos de los Animales ha creado un formulario en el que cualquier particular puede denunciar haber encontrado un perro de caza sin necesidad de que el perro o el denunciante sean reales.

Pedro Sánchez y Sergio García Torres. © Shutterstock y Twitter

La Dirección General de los Derechos de los animales acaba de lanzar en sus redes sociales un vídeo protagonizado por su director, el animalista Sergio García Torres, en el que anuncian la creación de un registro «oficial» de perros de caza abandonados. En su mensaje, el organismo animalista asegura: «Febrero es el mes en el que más galgos y podencos se abandonan en nuestro país. Y, pese a ello, no contamos con datos oficiales para acabar con esta situación».

García Torres asegura que no se tienen datos al mismo tiempo que afirma que este mes es el de mayor número de abandonos, en una obvia contradicción. En el vídeo, el animalista aparece junto a la imagen de un galgo delgado y con una pata amputada y anuncia la creación de un formulario para contar cuántos perros de caza se abandonan en febrero. El formulario en cuestión es un documento de Google en el que «entidades o particulares» pueden denunciar la recogida de perros de caza abandonados para sostener la mentira animalista, desmontada en reiteradas ocasiones por la Guardia Civil, de que los perros se abandonan en masa al terminar la temporada de caza.

Sólo para razas de caza y sin contrastar que sean de cazadores

Curiosamente, esta recogida de datos, que no cuenta con ningún tipo de control sobre su veracidad, no impide que un usuario pueda rellenar tantas veces como desee el formulario, sin necesidad de que el perro o el denunciante existan realmente, como hemos podido comprobar desde Jara y Sedal. Las opciones que el usuario puede seleccionar son: Galgo; Podenco; Otro perro de caza; Mestizo de galgo/podenco u otro. El resto de razas no preocupan a la Dirección General de los Derechos de los Animales, solo aquellas que permitan la criminalización del colectivo de los cazadores.

El cuestionario tampoco pide evidencias de que el perro denunciado pertenezca o provenga de la caza, dando por supuesto que si se trata de una raza que puede tener algún uso cinegético significa que ha sido abandonado por un cazador. Tampoco tiene en cuenta que se trate de un perro extraviado o robado, como por desgracia sucede con excesiva frecuencia dentro del mundo cinegético.

Esta iniciativa está siendo entendida desde el sector cinegético como un ataque del Gobierno a los cazadores, y un intento por institucionalizar el discurso del odio animalista. Curiosamente, el mayor abandono de mascotas en España siempre tiene lugar cerca del verano, según la Guardia Civil y la Fundación Affinity, pero a la dirección general animalista eso no parece preocuparle.