El Gobierno de España ha decidido ponerse enfrente de la caza andaluza. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha recurrido la Orden de Control de Predadores de Andalucía, una regulación que el sector cinegético llevaba más de 25 años esperando y que, según defienden los cazadores, nace con criterios técnicos, científicos y de conservación.
La decisión ha provocado una profunda indignación en la Federación Andaluza de Caza, que acusa al Ejecutivo central de plegarse a las presiones de los movimientos ecologistas y anticaza para frenar una herramienta fundamental en la gestión del medio natural.
Para la FAC, el recurso no responde a razones de conservación ni a argumentos técnicos, sino a una posición ideológica contraria a la actividad cinegética y al papel que esta desempeña en el mundo rural. Una vez más, denuncian desde el sector, la caza vuelve a ser utilizada como objetivo político mientras se ignora su contribución al equilibrio de los ecosistemas, a la prevención de desequilibrios poblacionales y al mantenimiento de la biodiversidad.
Una reivindicación histórica del campo andaluz
La Orden de Control de Predadores de Andalucía es una cuestión de suma importancia para los cazadores andaluces. Se trata de una reivindicación histórica que llevaba más de dos décadas bloqueada y que ahora, tras años de espera, permitía avanzar en una regulación ordenada de una práctica necesaria para la gestión de muchas especies.
El control de predadores es una herramienta empleada en la gestión del territorio para proteger determinadas poblaciones de fauna silvestre, especialmente en entornos donde el equilibrio natural se ha visto alterado. Desde el sector cinegético andaluz defienden que esta orden no solo beneficia a la caza, sino también a especies vulnerables que sufren la presión de determinados predadores en momentos especialmente sensibles de su ciclo biológico. Sirva como prueba lo sucedido en Castilla y León con el urogallo, una especie muy amenzada que ha visto cómo un proyecto de casi cinco millones de euros se iba al traste por culpa de los depredadores.
Sin embargo, el Ministerio ha decidido intervenir contra la norma, en una decisión que la Federación Andaluza de Caza interpreta como un nuevo ataque político contra una actividad legal, regulada y profundamente vinculada al mundo rural.
La FAC y Artemisan se personan en el procedimiento
Ante el recurso presentado tanto por el Gobierno central como por Ecologistas en Acción Andalucía, la Federación Andaluza de Caza ha anunciado que se ha personado en el procedimiento para defender la legalidad de la orden. También lo ha hecho la Fundación Artemisan, que se suma así a la defensa de un texto que el sector considera técnicamente sólido y necesario para la conservación.
«Resulta incomprensible que una Orden construida desde criterios técnicos, tras décadas de espera y bloqueo administrativo, sea ahora utilizada como arma de confrontación política», ha señalado José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza. Mancheño lamenta que una herramienta pensada para gestionar el patrimonio natural andaluz haya acabado convertida en un campo de batalla ideológico. «Lo que debería ser una herramienta para gestionar y conservar nuestro patrimonio natural se convierte en un escenario de disputa ideológica completamente alejada de la realidad del campo andaluz», añade.
«Los cazadores forman parte de la solución»
La Federación Andaluza de Caza sostiene que el problema de fondo no es la orden, sino la intención de determinados movimientos de seguir presentando la caza como un enemigo político. Para el sector, el recurso del Gobierno confirma una vez más que las decisiones sobre el medio rural se toman demasiadas veces desde despachos alejados del campo y de quienes lo gestionan a diario.
«El problema no es la Orden de Control de Predadores, ni tan siquiera la conservación del patrimonio natural andaluz. El problema es que determinados movimientos siguen intentando imponer sus principios e ideología y convertir la caza en un enemigo político, cuando la realidad demuestra que los cazadores forman parte de la solución para conservar nuestros ecosistemas», concluye Mancheño.
Con este recurso, el Gobierno abre un nuevo frente contra el sector cinegético andaluz y contra una norma que los cazadores consideran esencial para dotar de seguridad jurídica a una herramienta de gestión largamente reclamada. Una decisión que, según la FAC, ignora el rigor técnico de la orden y vuelve a situar la ideología por encima de la realidad del campo.
