Abelardo de la Espriella es ya el nuevo presidente electo de Colombia. Su llegada al poder abre una nueva etapa política en el país sudamericano, pero también enciende una esperanza para miles de cazadores y pescadores que durante los últimos años han visto cómo sus aficiones eran arrinconadas por el prohibicionismo animalista.
El motivo es especialmente relevante para el mundo cinegético: De la Espriella no esconde su vínculo con la caza. Al contrario, lo reconoce con naturalidad en una entrevista concedida hace unos meses a la periodista Eva Rey en su canal de YouTube Desnúdate con Eva, donde habla de su relación con el mundo rural, los toros y la actividad cinegética con una claridad poco habitual en la política actual.
«Sí me gusta la cacería», afirma el presidente electo colombiano en esa conversación. La frase, que en cualquier otro país podría pasar como una simple confesión personal, adquiere en Colombia una dimensión política evidente. Allí la caza deportiva está prohibida desde 2020, después de que la Corte Constitucional la considerara contraria a la protección de los animales y del medio ambiente.
De la Espriella no se limita a reconocer que le gusta cazar. También explica que esa afición forma parte de su historia familiar y de una tradición heredada. «Sí me gusta la cacería porque vengo de una familia con tradición de cazadores», asegura. Sus palabras llegan en un momento en el que Colombia necesita volver a debatir, sin prejuicios y sin consignas animalistas, sobre el papel que puede desempeñar una caza legal, regulada y vinculada a la gestión del medio natural.
Una afición que vive también con sus hijos
Durante la entrevista, De la Espriella relata que la caza se ha convertido incluso en un asunto complejo dentro de su propia familia, como ocurre en muchas casas donde conviven distintas sensibilidades. «La última cacería cada vez se hace más difícil porque, por ejemplo, a mi hija, a Lucía, no le gusta», explica.
Sin embargo, el presidente electo también cuenta que ha compartido jornadas cinegéticas con sus hijos fuera de Colombia, en países donde esta actividad continúa siendo legal y está regulada. «Me fui con los niños a cazar faisanes en Italia y fuimos a cazar jabalí también», señala. Y añade un matiz especialmente importante frente al discurso que intenta presentar la caza como una actividad caprichosa o cruel: «Y, por supuesto, nos los comimos». Es decir, De la Espriella vincula la caza al aprovechamiento de la carne y no a la simple muerte del animal, una idea que conecta directamente con la defensa que hacen los cazadores de una actividad arraigada en la tradición, la alimentación, la gestión y el respeto al medio.
Sus declaraciones rompen con la caricatura que durante años ha tratado de imponer el animalismo más radical: la del cazador como alguien ajeno a la naturaleza. En este caso, el futuro presidente de Colombia se presenta como una persona que conoce esa realidad, que la ha vivido en familia y que la entiende como parte de una relación más amplia con el campo.
«Jamás le he disparado ni a un león ni a una jirafa ni a un elefante»
De la Espriella también marca límites claros en su forma de entender la caza. No defiende una actividad sin reglas, ni una práctica indiscriminada, ni la persecución de especies amenazadas. Al contrario, cuando habla de esta afición introduce una condición esencial: «Cuando se permite, cuando vais a animales que no están en vías de extinción».
El presidente electo es especialmente tajante al referirse a determinadas especies africanas que suelen utilizarse en el debate público para atacar al conjunto de la actividad cinegética. «Yo nunca le he disparado ni a un león, ni a una jirafa, ni a un elefante», afirma. Y remata su explicación con una frase rotunda: «Jamás haría una vaina de esa».
Ese matiz resulta fundamental. De la Espriella no habla de furtivismo ni de caza ilegal, sino de una actividad practicada allí donde está permitida, sobre especies no amenazadas y con aprovechamiento posterior de la carne. Precisamente esa distinción, que en muchos países forma parte de cualquier debate serio sobre la caza, desapareció en Colombia cuando la Corte Constitucional decidió expulsar la caza deportiva del ordenamiento jurídico.
Una esperanza para que Colombia recapacite
La llegada de un presidente que reconoce sin complejos que le gusta la caza puede convertirse en una oportunidad para que Colombia recapacite. No porque la recuperación de la actividad sea sencilla desde el punto de vista legal, sino porque por primera vez desde la prohibición el país tendrá al frente a un dirigente que no observa la caza desde el prejuicio urbano ni desde el discurso animalista dominante.
No existe, por ahora, una propuesta oficial para volver a permitir la caza deportiva en Colombia. Además, el camino jurídico sería extraordinariamente complicado, ya que la prohibición nace de una sentencia de la Corte Constitucional y cualquier intento de revertirla por la vía ordinaria podría chocar con la cosa juzgada constitucional y con el principio de no regresión ambiental. Pero la política también se mueve por símbolos. Y que el presidente electo de Colombia diga «sí me gusta la cacería», que recuerde que procede de «una familia con tradición de cazadores» y que relate cómo ha cazado faisanes y jabalíes con sus hijos, abre una puerta que hasta ahora parecía completamente cerrada: la de volver a hablar de caza sin criminalizar a quienes la practican.
Colombia prohibió la caza deportiva en 2020
El 21 de agosto de 2020 entró en vigor en Colombia la prohibición de la caza deportiva, después de que la Corte Constitucional emitiera en 2019 la Sentencia C-045/2019 y concediera un año de plazo a quienes practicaban esta actividad. La argumentación del alto tribunal fue durísima y tremendamente alejada de la realidad de la naturaleza. Según recogía entonces la propia autoridad ambiental colombiana, la sentencia afirmaba que «el sacrificio de la vida de un ser vivo por el hombre es una forma extrema de maltrato en cuanto elimina su existencia misma y es un acto de aniquilamiento».
La Corte añadía que, «cuando es injustificada, la muerte de un animal es un acto de crueldad pues supone entender que el animal es exclusivamente un recurso disponible para el ser humano». Y remataba su razonamiento con una frase que dejó fuera del ordenamiento jurídico colombiano la caza deportiva: «La caza deportiva, en fin, es un acto dañino en cuanto está dirigida a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos».
La propia Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca celebró entonces la decisión con otro mensaje contundente: «Esta decisión de la Corte marca un importante precedente frente a la protección de nuestra fauna silvestre. Desde ahora, la caza deportiva en cualquiera de sus modalidades será ilegal en nuestro país, y quien intente hacerlo, tendrá que responder penalmente».
Aquella prohibición no distinguió entre caza legal y furtivismo, ni entre una actividad regulada y el delito ambiental. Colombia optó por prohibir, en lugar de regular, y dejó sin espacio un debate imprescindible sobre el papel que puede desempeñar la caza en la conservación de la biodiversidad, la economía rural y el manejo de especies.
Una prohibición difícil de revertir
El problema para los cazadores colombianos es que la prohibición no depende de una simple decisión administrativa. Al proceder de una sentencia de la Corte Constitucional, el margen para recuperar la caza deportiva por una vía ordinaria es muy reducido.
La declaración de inexequibilidad de las normas que permitían esta actividad genera un escenario de cosa juzgada constitucional. Eso significa que el Congreso no podría limitarse a aprobar una ley similar para volver a autorizar la caza deportiva, porque esa norma quedaría expuesta a una nueva demanda y podría ser anulada por contradecir el criterio ya fijado por la Corte.
A ello se suma el principio de no regresión ambiental, cada vez más presente en el derecho ambiental colombiano y latinoamericano. Bajo esa doctrina, una vez que el Estado alcanza un determinado nivel de protección de la naturaleza o de los animales, resulta muy difícil retroceder sin una justificación especialmente sólida. Por eso, si Colombia quisiera recuperar la caza deportiva, el debate tendría que ser mucho más profundo que una simple reforma legal. Haría falta una discusión política, jurídica y constitucional de gran calado sobre el lugar que ocupa la caza regulada dentro de la conservación, el aprovechamiento sostenible y las libertades rurales.
Después llegó también la prohibición de la pesca deportiva
La ofensiva contra las actividades deportivas vinculadas a la naturaleza no se quedó en la caza. En 2022, la Corte Constitucional colombiana también declaró inconstitucional la pesca deportiva al considerar que vulneraba el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal. La sentencia señaló literalmente que «la pesca deportiva es una actividad que vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, y por tanto, debe excluirse del ordenamiento jurídico».
El alto tribunal reconoció incluso que «no existe consenso acerca de si los peces son seres sintientes», pero defendió que, en virtud del principio de precaución, «resulta necesaria la intervención del Estado a efectos de evitar la degradación del medio ambiente». Así, Colombia terminó prohibiendo tanto la caza deportiva como la pesca deportiva, dejando fuera del ordenamiento dos actividades históricamente vinculadas al campo, al agua, al aprovechamiento responsable de los recursos naturales y a la vida al aire libre.
