La Dirección General de Derechos Animales que dirige Sergio García Torres anunció ayer a través de sus redes sociales la «puesta en marcha» del Sistema Estatal de Registros de Protección Animal (SERPA), una iniciativa más conocida por pretender establecer un DNI para las mascotas de España. Sin embargo, el anuncio no era cierto, puesto que el SERPA está aún muy lejos de ser una realidad y lo que realmente se inició es la consulta pública del Real Decreto, cuyo periodo termina el 1 de abril.
Según las cuentas oficiales de este organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno pretende «establecer un mecanismo de coordinación estatal y de registros que facilite el control de la cría ilegal, la tenencia responsable y el abandono de animales».
Los objetivos, sobre el papel, serían aplaudidos por cualquier ciudadano, puesto que combatir el maltrato animal, el comercio ilegal y el abandono son medidas muy loables. Si consultamos el documento presentado presentado para la consulta pública, no encontramos nada que pueda parecer una amenaza para los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. Son solo tres hojas con conceptos amplios que no especifican las medidas concretas que el ejecutivo está planeando.
Sin embargo, el propio Sergio García Torres compartió la noticia en sus perfiles personales y ahí aportó más detalles de la verdadera función de este Real Decreto, como veremos a continuación.
«Será más sencillo denunciar, incautar perros e inhabilitar», según Torres
Según aclaraba en sus redes sociales el director general de los Derechos de los Animales, con este Real Decreto se acabará con la cría de perros en España. «Se acabaron los criadores de perros particulares», respondía explícitamente a una usuaria de Facebook. Según Torres, solo podrán tener cachorros «los criadores que acrediten serlo, con requisitos importantes, y autorización de camada».
Otra usuaria preguntaba si esta nueva normativa afectaría a las rehalas y los perros de caza, a lo que Sergio García Torres respondía: «Si no registran todos los perros, sean de quien sean, incumplirán la ley y será más fácil denunciarlos e incautar los animales, además de establecer mecanismos de inhabilitaciones».
Por otro lado, en su intervención pública Sergio García Torres ha asegurado que los datos del Sistema Estatal de Registros de Protección Animal serán accesibles para «entidades y policías». Aunque no ha aclarado a qué tipo de «entidades» se refiere exactamente, en anteriores intervenciones ha aplicado este término para referirse a entidades privadas animalistas, tales como protectoras o refugios. Una posibilidad que, además de polémica, podría ser inconstitucional.
Un Real Decreto casi imparable, pero puedes presentar alegaciones
Hay que recordar que la norma jurídica del Real Decreto solamente necesita la aprobación del Consejo de Ministros, sin pasar por Congreso ni Senado. Tras ello, será firmado por el Rey y refrendado por el presidente del Gobierno. Esto supone que el paso dado por la polémica Dirección General de Derechos de los Animales será casi imparable.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden presentar alegaciones sobre los aspectos planteados hasta el día 1 de abril de 2021, a través del siguiente buzón de correo electrónico: [email protected]
