El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de su Dirección General de Derechos de los Animales, se ha propuesto crear la primera estadística oficial sobre abandono animal de España. Para ello ha publicado un cuestionario a través de su página web en el que se pueden registrar los datos de animales recogidos en nuestras calles.
Sin embargo, el enfoque que se le ha dado desde el Gobierno de España, lejos de ser riguroso, está totalmente sesgado y ofrecerá con toda seguridad unos datos erróneos que servirán para alimentar la mentira animalista de los perros de caza abandonados. Por este motivo, el cuestionario abierto de la web solo puede ser respondido por las mismas protectoras animalistas que piden la prohibición de la caza. Ningún otro colectivo puede hacer aportaciones. Tan solo ofrece esa opción a los ayuntamientos, pero estos tienen que contactar directamente con la Dirección General Animalista en un proceso más enrevesado que el que el propuesto para los grupos animalistas.
Una muestra del carácter sesgado es que la dirección general animalista solo ha hecho un llamamiento a las protectoras para que lo respondan.
¡¡Atención protectoras!! Hemos desarrollado un cuestionario para poder elaborar la primera estadística oficial que arroje datos fiables sobre el número de animales abandonados, recogidos y gestionados por los ayuntamientos y las protectoras. 🧵👇
— D. G. Derechos Animales (@AnimalesGob) August 5, 2024
Un cuestionario a medida para criminalizar a los cazadores
Por si quedaba alguna duda del enfoque planteado por José Ramón Becerra, director general de derechos de los animales, en este cuestionario, una de las preguntas planteadas hace referencia exclusivamente a los perros de caza. Concretamente, pide a las protectoras animalistas (integrantes en su mayoría de la Plataforma No a la Caza) que especifiquen cuántos de los animales recogidos eran «perros de caza o cruces de perros de caza», sin contar los galgos. Esta distinción no se pide para perros de pastoreo, de vigilancia, policiales o de rescate. Sólo para los que cuya raza es de caza o cruzada con una de ellas, lo que ya da una pista de que su verdadero objetivo es criminalizar a los cazadores.
Además, el cuestionario es tan carente de rigor que no pide que las protectoras justifiquen si esos perros tienen un dueño cazador y son usados para cazar, lo que abre la puerta a que la mentira animalista de los perros de caza abandonados sea institucionalizada a través de este informe, porque el hecho de que un perro sea de caza no quiere decir que realmente sea empleado para cazar.
Por otro lado, la Dirección General Animalista tampoco establece ningún tipo de control para verificar que los datos recabados son ciertos, por lo que mentir será tremendamente sencillo. De esta manera, las protectoras animalistas que responden al cuestionario pueden aportar las cifras que deseen sin tener que aportar datos que acrediten que son ciertas, como podría ser indicar los números de microchip, denuncias u otro tipo documentos identificativos de los animales que, supuestamente, han rescatado.
De este modo, lo que la Dirección General de Derechos de los Animales conseguirá obtener dista mucho de ese objetivo de «datos fiables» que se marcaba. Así, tan solo harán oficial el informe de la Fundación Affinity, cuya rigurosidad ya ha quedado desacreditada desde hace años.
Los grupos anticaza podrán acceder a los datos personales de hasta 750.000 cazadores gracias a la Ley Animalista del Gobierno
Una muestra de ello es que las cifras de abandono de perros que ellos atribuyen a los cazadores, muchas veces son exageradas y chocan directamente con las que el Seprona de la Guardia Civil facilita.
Estos últimos número, además, a pesar de ser oficiales y, por lo tanto, más fiables, ni siquiera serán tenidos en cuenta desde la dirección general animalista para la realización de su estudio sobre el abandono de mascotas.
