El Ministerio de Derechos Sociales ha renovado este verano, con discreción y en pleno periodo vacacional, la composición del Consejo Estatal de Protección Animal, un órgano consultivo clave en la aplicación de la Ley de Bienestar Animal. La Resolución, publicada en el BOE del 2 de agosto, nombra a 14 vocales en representación de entidades del ámbito animalista, ecologista y veterinario, muchos de ellos con posiciones públicas contrarias a la caza y la tauromaquia.
Entre los nombramientos destacan perfiles ampliamente conocidos en el activismo animalista, como Anna Estarán Pérez, abogada animalista y directora de la Fundación FAADA, quien ha protagonizado múltiples campañas contra la caza, los zoos y los espectáculos taurinos. Desde su entidad, se han promovido informes y acciones dirigidas a la prohibición total de la caza con animales y al reconocimiento legal de los animales como sujetos de derechos. Cada año, impulsa las concentraciones No a la caza con galgos y otras razas en ciudades de toda España.
También ha sido incluida Matilde Cubillo García, presidenta de FAPAM (Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid), implicada en numerosas polémicas por acusaciones vertidas contra cazadores y ganaderos. Cubillo ha sido especialmente activa en redes sociales, donde ha calificado a la caza como «actividad cruel y primitiva» y ha exigido su prohibición desde hace años.
Su designación es especialmente polémica. No solo por su activismo radical anticaza y antitaurino, sino también por su vinculación directa con una red de contratos públicos que ha beneficiado a su entidad durante más de una década. Según ha publicado Jara y Sedal, Cubillo ha sido beneficiaria de más de tres millones de euros en contratos públicos a través de la gestión de centros de recogida animal en Madrid, como el CIAPA de Colmenar Viejo o el CIMPA de Alcalá de Henares. Estos contratos han sido prorrogados desde 2014 y siguen vigentes, representando una fuente de financiación estable para FAPAM.
Cubillo también ha sido portavoz de las principales manifestaciones del lobby animalista ante el Congreso y su figura es clave en el diseño del relato mediático contrario a la actividad cinegética. El riesgo de que su papel en el Consejo Estatal de Protección Animal se convierta en una herramienta de influencia ideológica y económica para entidades privadas con intereses directos en las políticas del bienestar animal hace especialmente polémico su nombramiento.
Representación dudosa y una maniobra política planificada
Otro de los nombres relevantes es el de Andrés Illana Martínez, representante de Ecologistas en Acción, Andrés Illana, como portavoz y representante de Ecologistas en Acción, está vinculado a una línea editorial y activista abiertamente contraria a la caza y a las corridas de toros. De hecho, ha publicado varios artículos en contra de la actividad cinegética en su revista Ecologista. Además, su asociación ha recurrido ante la Audiencia Nacional la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, denunciando que esta normativa favorece un modelo intensivo de caza que «atenta contra la biodiversidad y el bienestar animal».
Estas posturas institucionales refuerzan el perfil ideológico de Andrés Illana como un actor con un posicionamiento firme en contra de la caza y la tauromaquia.
Por su parte, María González Lacabex, forma parte de INTERCIDS, ha abogado por la intervención judicial en eventos cinegéticos y taurinos, y ha promovido documentos de reforma legislativa para socavar la actividad cinegética. Su organización es conocida por su línea jurídica dura contra los festejos con animales.
El último de los perfiles polémicos es el de Luis Suárez Arangüena, designado vocal en representación de WWF, una de las ONGs medioambientales más conocidas pero también una de las más criticadas por su ambigüedad frente al mundo rural y la actividad cinegética. Aunque WWF no se declara abiertamente anticaza, ha sido impulsado políticas restrictivas disfrazadas de conservación constantemente.
Suárez Arangüena ha sido coordinador de programas de especies en WWF, desde donde se ha promovido la prohibición de la caza de especies como el lobo, incluso en zonas donde su sobrepoblación genera graves daños a la ganadería extensiva. Además, la entidad ha criminalizado constantemente al sector lanzando bulos recurrentes para lograr adeptos a su causa. Su presencia en el Consejo refuerza la sospecha de que este órgano se ha diseñado como una herramienta ideológica, más que técnica, para marginar al sector cinegético en los procesos legislativos.
Sin representación del mundo rural ni de los sectores cinegético y taurino
El nuevo reparto de vocalías no incluye a ninguna entidad representativa del mundo cinegético, taurino ni rural lo que ha pillado por sorpresa al sector. El hecho de que la resolución se haya publicado en pleno mes de agosto, sin apenas repercusión mediática ni consulta pública real, refuerza las sospechas de que se trata de una maniobra planificada para consolidar una visión ideológica del bienestar animal al margen de los sectores productivos y tradicionales.
Completan la lista Adolfo Santa Olalla Adell (AEDPAC) y M.ª Paz Castellano Díaz (CEVE), en representación del sector de la industria y comercio de animales de compañía; así como David Sánchez Carpio, designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios. También figura un vocal propuesto por el Consejo de Universidades para representar al ámbito veterinario universitario, aunque no se detalla su identidad. De igual modo, se incluyen tres vocales de entidades profesionales: el Consejo General de Veterinarios de España (presidencia o persona en quien se delegue), Tomás Camps Morey como veterinario clínico de animales de compañía y silvestres, y Lluís Tort Bardolet, en representación del Consejo de Colegios Oficiales de Biólogos.
Resulta flagrante que no se garantice una representación plural y técnica en los órganos consultivos, especialmente en aquellos que influyen en la legislación que afecta directamente al campo, la ganadería, la caza y la cultura popular española.
