La Xunta también quiere sancionar a los mendigos que pidan limosna con sus mascotas y prohibirá los collares de adiestramiento.
07/03/2016 | Redacción JyS
La Xunta de Galicia aprobó a finales de la semana pasada el borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar de los animales de compañía. En este se recoge, entre otras normas, la prohibición de recortar orejas y rabos a los perros –por razones estéticas-, con multas de entre 500 y 5000 euros para quien incurra en tales hechos.
La nueva ley que planea aprobar la Xunta aplica nuevas correcciones sobre las operaciones estéticas en los perros; tampoco estará permitido el uso de collares eléctricos o llevar atado a un can a un vehículo a motor mientras se circula.
Además habrá castigos de un mínimo de 100 euros y de un máximo de 500 por no someter a las mascotas a un reconocimiento veterinario periódico, por transportarlas en maleteros que no estén especialmente adaptados, por utilizarlas como reclamo para la mendicidad o en atracciones feriales y por mantener a más de cinco canes en el mismo domicilio sin haber solicitado un permiso a la Xunta.
Por otro lado, el nuevo proyecto de ley afirma que se prohibirá el sacrificio de mascotas en perreras y protectoras, salvo en casos extremos en los que el animal esté sufriendo una grave dolencia sin tratamiento posible, y se fomentará la adopción desde el Gobierno regional, amén de obligar a los ayuntamientos a recoger animales abandonados y habilitar una colonia controlada con los gatos recuperados.
Tampoco se permitirá la utilización de animales salvajes en circos y la venta de animales en escaparates. Además la Xunta planea prohibir la venta de mascotas a menores de 16 años sin consentimiento paterno.
Según La Voz de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente calcula que la nueva normativa, que viene a sustituir la anterior ley de 1993 con modificaciones de 2014, llegará a la Cámara a mediados de junio, por lo que según fuentes parlamentarias si no fuese tramitada por vía de urgencia, ya no se podría aprobar en esta legislatura. En cambio si se tramitase por dicha vía entraría en vigor hacia finales de año, pues contiene una moratoria de tres meses tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
