Dos hombres sorprendidos mientras abatían de forma furtiva dos machos de corzo en un coto privado de Hornillos de Cerrato (Palencia) tendrán que hacer frente a una sanción total de 16.000 euros después de que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León haya resuelto el expediente sancionador abierto hace ahora tres años. Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 y fueron detectados gracias a una intervención conjunta del Seprona y agentes de la Guardia Civil.
Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2023, cuando agentes del Seprona de Palencia, con apoyo de efectivos del puesto de Quintana del Puente, interceptaron un vehículo en el que viajaban tres personas, dos vecinos de Toledo y una mujer de Sevilla. Los agentes los sorprendieron disparando sobre un ejemplar macho de corzo dentro del coto privado de Hornillos de Cerrato.
Tras ser identificados, los ocupantes reconocieron haber abatido también otro corzo macho y admitieron que no disponían de autorización para cazar en ese terreno cinegético. Durante las actuaciones, los agentes decomisaron dos rifles utilizados presuntamente para disparar sobre los animales.
Multas, retirada de licencia e indemnización al coto
La resolución del expediente sancionador contempla diferentes castigos para los dos denunciados. Uno de ellos ha sido sancionado con 2.000 euros por una infracción grave tras reconocer los hechos y acogerse al pago voluntario. El segundo cazador deberá afrontar una multa de 4.000 euros por dos infracciones graves y una leve, además de la retirada de la licencia de caza durante un año.
A estas cantidades se suma la indemnización fijada por la Administración autonómica a favor del titular cinegético del coto donde ocurrieron los hechos. En concreto, la resolución establece el pago de 10.000 euros por el valor de los dos machos de corzo abatidos ilegalmente.
Tres años hasta resolver el caso
En mayo de 2025, desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente comunicó que el expediente todavía no había comenzado a tramitarse porque el asunto seguía judicializado. Sin embargo, el juzgado encargado del caso había archivado las diligencias en febrero de 2024, más de un año antes.
Finalmente, el expediente administrativo comenzó a tramitarse en junio de 2025. La propuesta de resolución llegó en febrero de 2026 y la resolución definitiva no se dictó hasta abril de este año.
