Fundación Artemisan ha interpuesto una querella contra el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, por un presunto delito de calumnias contra el colectivo de los cazadores al acusarles del abandono masivo de perros de caza.
La entidad solicita para el querellado una condena por la comisión de un delito de calumnias, y en su defecto de injurias graves, así como al pago por daños morales y los perjuicios causados por una cuantía de 40.000 euros, sin perjuicio de otra valoración posterior.
Esta cuantía, o la que el juzgado pudiese considerar en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos, será íntegramente empleada para financiar diferentes proyectos en defensa de la naturaleza, en concreto en la protección de la fauna y flora, fin que persigue la Fundación Artemisan.
Esta querella se presenta tras ignorar deliberadamente el querellado el requerimiento del juez para presentarse a un acto de conciliación previo tras haber realizado, a sabiendas de no ser ciertas, afirmaciones calumniosas y atentatorias contra el honor del colectivo de cazadores.
Cabe recordar que Sergio García Torres realizó manifestaciones en redes sociales presentado a los cazadores como maltratadores de perros y acusándoles del abandono masivo de perros en el mes de febrero, en el que termina la temporada de caza, mientras reconocía al mismo tiempo que no existen datos oficiales lo avalen.
Todo ello, pese a la existencia de informes del Seprona que contradicen y desmienten manifiestamente las palabras del director general y teniendo en cuenta, además, que se trata de un cargo que, por su condición, debe tener mayor obligación de decir verdad habida cuenta de la repercusión social de sus palabras.
Para Fundación Artemisan es inaceptable que un director general ataque de manera totalmente injustificada a una actividad regulada y absolutamente legal debido únicamente a su opinión personal respecto a la caza y los cazadores.
Y es que, para la entidad, estas afirmaciones tienen como consecuencia lógica buscar la absoluta repulsa y el odio al colectivo y a su actividad, algo que se refuerza con el hecho de que García Torres haya promovido a raíz de estas declaraciones un formulario carente de cualquier tipo de control que insta a los ciudadanos a denunciar supuestos casos de abandono sin posibilidad de comprobación alguna.
Por todo ello, Fundación Artemisan espera que la justicia actúe y ponga fin al ataque continuo e institucionalizado a una actividad que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población española, que genera 187.000 puestos de trabajo, aporta cerca de 6.500 millones de euros al PIB e invierte anualmente 300 millones de euros en conservación del medio ambiente.
