La Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) ha decidido dar un paso más en la defensa del sector cinegético y ha llevado a los tribunales los mensajes que vinculan de forma generalizada la caza con el abandono de perros. La organización ha interpuesto una demanda por vulneración del derecho al honor contra la Asociación Proyecto Animalista por la Vida y su representante, a raíz de varias publicaciones en las que se atribuye a los cazadores la mayoría de los casos de abandono.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz ha admitido a trámite la demanda presentada por FEDEXCAZA, lo que da inicio a un procedimiento ordinario en el que se analizará si las afirmaciones difundidas han causado un perjuicio injustificado a la imagen del colectivo cazador. La Federación sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una campaña reiterada que busca instalar en la opinión pública una idea negativa sobre la actividad cinegética.
Según expone en su denuncia, en distintos mensajes y publicaciones se ha trasladado la imagen de que los perros recogidos en el entorno del Refugio de San Jorge, en Cáceres, proceden mayoritariamente de la caza o de cazadores. Además, se han difundido afirmaciones sobre supuestas prácticas como el descarte de animales tras la temporada o el abandono de aquellos que «no sirven», algo que la entidad considera «prejuicioso, infundado y profundamente perjudicial».
Los datos oficiales desmontan el relato
Frente a esas acusaciones, FEDEXCAZA apela a los datos recogidos en el primer estudio oficial elaborado por el Gobierno de España sobre abandono y recogida de perros, publicado en 2025. Este informe, basado en información de 284 centros entre ayuntamientos y protectoras, es el primero que permite dimensionar el fenómeno con datos verificables y no con estimaciones.
Según este estudio, en 2023 se registraron 18.764 entradas de perros en centros de recogida de toda España, de los cuales 15.216 correspondían a animales perdidos o abandonados. Dentro de esa cifra global, solo el 12,9 % eran perros de razas de caza, lo que equivale a unos 2.400 ejemplares, una cantidad muy alejada de las cifras de decenas de miles difundidas durante años por organizaciones animalistas.
Además, el propio informe aclara que esta clasificación se realiza por raza y no por uso, por lo que no puede afirmarse que esos animales procedan de la actividad cinegética. Es decir, ni siquiera esos datos permiten sostener la acusación de que los cazadores abandonan de forma masiva a sus perros.
Las cifras infladas de los colectivos animalistas
Durante años, distintas organizaciones han difundido cifras que hablaban de hasta 50.000 perros de caza abandonados cada año, un dato que nunca ha sido respaldado por estudios oficiales. Informes como los de PACMA o Fundación Affinity se basaban en encuestas sin verificación externa, con baja participación y, en muchos casos, sin incluir datos de comunidades con mayor tradición cinegética.
Por ejemplo, PACMA llegó a cifrar en más de 12.000 los perros de caza abandonados en 2022, apoyándose en una metodología que el propio informe reconocía como limitada. A pesar de ello, esas cifras fueron difundidas como una realidad contrastada, contribuyendo a consolidar un relato que criminalizaba al colectivo cazador.
El informe oficial del Gobierno ha puesto ahora cifras sobre la mesa y ha evidenciado una diferencia abismal entre los datos reales y los difundidos durante años, con desviaciones que en algunos casos alcanzan hasta el 1000 %. Para FEDEXCAZA, esta discrepancia demuestra que se ha construido una narrativa basada en estimaciones sin rigor que ha perjudicado gravemente la imagen del sector.
Defensa del colectivo cazador
La Federación reconoce que el abandono de animales es un problema real que debe combatirse, pero rechaza que se utilicen casos puntuales para desacreditar a todo el sector. En este sentido, pone en valor el comportamiento de la mayoría de los cazadores, que —según afirma— cumplen la normativa y cuidan de sus perros durante todo el año.
El presidente de FEDEXCAZA, José María Gallardo, ha señalado que «estamos ante un ataque injustificado y reiterado a la imagen de la caza y de los cazadores, basado en el odio animalista y generalizaciones que no se corresponden con la realidad», justificando así la decisión de acudir a los tribunales.
Con esta acción judicial, la Federación abre una línea de defensa activa del sector y advierte de que actuará frente a cualquier mensaje que, a su juicio, pueda dañar la imagen de la caza o generar una percepción distorsionada de su realidad.
