La polémica en torno al precinto digital de capturas de caza mayor en Castilla y León no cesa. Tras meses de fallos técnicos, quejas de los cazadores y una fuerte contestación en el campo, la Federación de Caza de Castilla y León ha dado un paso más: un ultimátum público al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco a través de una carta enviada a su director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz: si la Administración no cambia el sistema antes del 31 de diciembre, habrá movilizaciones antes de las próximas elecciones a la presidencia de la Comunidad, que tendrán lugar en marzo de 2026.
El detonante ha sido la última resolución de la Consejería de Medioambiente, que amplía el uso del precinto electrónico incluso a las cacerías colectivas de jabalí, una medida que ha colmado la paciencia de los cazadores. «Les hemos dado de plazo hasta el 31 de diciembre para cambiar el modelo», ha explicado a Jara y Sedal el presidente de la Federación, Santiago Iturmendi, quien asegura que el sistema «no funciona y está dejando en la estacada a miles de cazadores mayores».
Un sistema cuestionado desde su implantación
La implantación del precinto electrónico Capturcyl —una aplicación móvil que sustituye al tradicional precinto físico para registrar las capturas— se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos de la temporada. Según la Junta, su objetivo es modernizar el control y trazabilidad de las piezas de caza, pero en la práctica ha generado una auténtica tormenta entre los cazadores y las entidades del sector.
La Federación denuncia que el sistema «ha sido impuesto sin pruebas suficientes, sin formación y con graves deficiencias técnicas». En palabras de Iturmendi, «la media de edad de nuestro colectivo es muy elevada y muchos cazadores no son capaces de utilizar las nuevas tecnologías; el actual precinto nos deja en una enorme inseguridad jurídica y hace que muchos abandonen la actividad o dejen de cazar jabalíes en un momento en el que su control es más necesario que nunca».
El presidente recuerda además que, pese a haber aceptado colaborar en un proyecto piloto limitado al corzo, la Junta «rompió los acuerdos previos» y extendió el sistema a toda la caza mayor. «Se quebró entonces cualquier confianza en la Administración al vulnerar lo que habíamos tratado. Sentimos impotencia y rabia por lo que pensamos era una deslealtad y una burla a lo previamente acordado», escribió en una carta dirigida a la Consejería.
La Federación rompe relaciones con la Administración
En esa misma misiva, a la que Jara y Sedal ha tenido acceso, Iturmendi anuncia que la Federación de Caza de Castilla y León se da por «liberada» de seguir colaborando con la Junta en materia de precintos digitales y advierte de que no participará en ningún foro o grupo de trabajo que suponga avanzar en su implantación. «Solo aceptaremos debatir para mejorar la normativa actual», recalca el documento.
La entidad exige que se mantenga la posibilidad de usar el sistema tradicional de precintos en papel, al menos como alternativa para los cazadores de más edad, y que se busque «una solución viable antes de fin de año para evitar un conflicto mayor». En caso contrario, anuncian que tomarán «cuantas acciones judiciales, sociales y mediáticas sean necesarias».
El tono de la carta refleja la creciente tensión entre la Federación y la Administración autonómica. «Bajo una fuerte presión desde distintos sectores de la cinegética, he ido tomando decisiones que, aunque erróneas en algún caso, las he adoptado creyendo responder al interés general de los cazadores», admite el presidente, en un mensaje de autocrítica hacia la gestión interna del conflicto.
La ACE ya ha llevado el caso a los tribunales
El conflicto, sin embargo, no se limita al plano político. La Asociación del Corzo Español (ACE) mantiene abiertos dos recursos contenciosos administrativos contra la Junta por este mismo motivo. El primero se dirigió contra la Orden MAV/258/2025, de 12 de marzo, que regula el sistema de control telemático de capturas; el segundo, contra las resoluciones posteriores que desarrollan el modelo.
Ambos procedimientos se encuentran actualmente en tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha suspendido parte del proceso hasta resolver la acumulación de causas.
Movilización antes de las elecciones
El calendario político añade presión a la situación. Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo de 2026, salvo adelanto de las generales por parte del Gobierno central. Desde la Federación de Caza advierten de que, si la Junta no rectifica antes de fin de año, las movilizaciones podrían producirse antes de los comicios.
«Nos consideramos liberados de tomar las decisiones que consideremos más convenientes en beneficio del colectivo cazador», afirma Iturmendi, que no descarta manifestaciones masivas en defensa de un modelo «razonable y justo».
El conflicto por el precinto electrónico se ha convertido, así, en un nuevo frente político y social que amenaza con trasladarse a las calles si la Junta no ofrece una solución en las próximas semanas.
