El 5 de enero de 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con Luis Planas a la cabeza dio a conocer la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Esta estrategia se desarrolló en un principio con el objetivo de promover la caza sostenible que contribuya al balance entre la preservación de la biodiversidad, una correcta gestión del ecosistema, la regulación de las especies de caza y la creación de valor económico en las zonas rurales. Además, el MAPA, la definió como un avance significativo para la caza sostenible y el impulso de las áreas rurales.

Sin embargo, más de dos años después y como ya preveíamos desde este medio, dicha estrategia no ha servido para absolutamente nada porque no se ha podido cumplir con nada de lo previsto.

Un engañabobos para la caza que se veía venir…

Así lo catalogamos tan solo un mes después de su presentación y pasados más de dos años lo hemos podido comprobar paso a paso. Como ya escribimos, esta estrategia era un mero gesto del Ejecutivo para hacernos creer que escucha al sector cinegético. Por eso no contaba con un presupuesto para ejecutarla y ni tan siquiera era de obligada adopción por parte de la comunidades.

La Estrategia Nacional de Gestión Cinegética cumple dos años.

Nuestro director, Israel Hernández, lo tenía claro en aquellos días de 2022: «Sería estúpido pensar que la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que sólo es humo, va a salvar la caza en España. La verdadera estrategia es seguir tomándonos por tontos mientras pasan nuestros derechos, uno a uno, a cuchillo».


¿Qué opinaban los cazadores de la nueva Estrategia Nacional de Gestión Cinegética del Gobierno?


Además, es buen momento para recordar que la presentación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética desde la Moncloa tuvo lugar semanas antes de que el hastío generalizado entre los cazadores y pobladores del mundo rural alcanzase su punto álgido unas semanas después con una manifestación histórica por las calles de Madrid que tiñó de naranja la capital de España.

Una protesta en la que, principalmente, se pedía la retirada de la Ley de Bienestar Animal y de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, dos leyes redactadas desde el animalismo anticaza que finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó haciendo caso omiso a la reivindicación popular.