El riesgo de pertenecer a la parte de la sociedad que vive bajo el umbral de pobreza y/o con riesgo de exclusión social es mayor en las zonas rurales de España que en las urbanas. Tanto es así, que una de cada cuatro personas de la España Vaciada vive en esa complicada situación.
Según datos facilitados a este medio por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), mientras que en los pueblos esta delicada situación afecta al 26,1% de la población, en las ciudades la tasa es de 19,9%, un 6,2% menor. Estas cifras se desprenden del último informe anual denominado tasa AROPE, que ofrece a la sociedad española una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en la Estrategia Europa 2020 en España.
Esta tasa va más allá de los ingresos y mide vulnerabilidades como la carencia material severa o la baja intensidad en el empleo. La cantidad de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social en zonas rurales se situó en 2018 –último año del que se tienen datos– dos décimas por encima del anterior y un 2,7% más que en 2008, primer año en el que se publicó este informe.
La caza, fuente de ingresos en las zonas más pobres de la España vaciada
Una parte importante del informe AROPE se dedica a analizar las diferencias territoriales entre las comunidades autónomas. Los datos muestran que las diferencias entre regiones son grandes y se producen en la práctica totalidad de los indicadores estudiados. En el siguiente mapa se pueden ver las comunidades autónomas coloreadas del amarillo al rojo en una gradación de ocho niveles en función de su mayor o menor riesgo de pobreza y/o exclusión social. Como se puede observar, las diferencias entre regiones pueden llegar a suponer más de 32 puntos. Aquellas con mayor índice de pobreza son Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. En todas ellas, la caza es una importante fuente de ingresos para sus habitantes rurales.
290 millones de euros dedicados a la conservación
Según un informe desarrollado por Deloitte para la Fundación Artemisan, la actividad cinegética genera en España 6.475 millones de euros–el gasto directo supera los 5.470– y crea 187.000 puestos de trabajo, lo que supone el 1% de la población activa de España. Su importancia es tal, que supone el 0,3% del PIB del país.
Tal y como indica el trabajo de Deloitte, el sector cinegético dedica 54 millones de euros al mantenimiento y construcción de vías y caminos rurales, pantanos, podas, mejora del monte, cortafuegos y cortaderos. Cantidad a la que hay que sumar 233 millones de euros a inversiones relacionadas con la conservación medioambiental. En total, casi 290 millones de euros empleados anualmente en la conservación y mejora del mundo rural.
A pesar de ello, desde el sector cinegético lamentan que el Gobierno no tenga en cuenta a la caza como actividad vertebradora en la España vaciada. Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan, asegura: «Los políticos invierten una cantidad ingente –y hasta sonrojante– de dinero en la búsqueda de nuevos nichos de empleo, de temas enfocados a buscar nuevas profesiones que creen riqueza y fijen población en nuestros pueblos. Sin embargo tienen al mundo cinegético totalmente abandonado. Es una actividad que ya existe y que ya está trabajando contra la pobreza. Cuenta con un gran número de profesiones en torno a ella pero, curiosamente, ni una sola de ellas está vinculada a ningún tipo de estrategia de desarrollo rural basado en la actividad cinegética».
«Las políticas ecologistas son responsables de la pobreza en muchas partes de la España vaciada»
Extremadura es la región con mayor número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en su entorno rural. Concretamente, casi la mitad de la población. Para José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, las leyes conservacionistas impulsadas por los ecologistas son responsables de esta situación: «Los datos de un estudio realizado por las universidades de Castilla-La Mancha y Extremadura sobre Cabañeros y Monfragüe demuestran que en estas zonas el paro, la pobreza y la emigración se dispararon tras declararse parques naturales». Según Gallardo, «las políticas ecologistas son responsables de la pobreza en muchas partes España vaciada. La situación en Extremadura es penosa. Pasamos de no tener ningún tipo de limitación a contar con una extensa normativa, impulsada por los ecologistas desde Europa, en la que el intervencionismo es absoluto. Ningún país de Europa sufre tanta presión como nosotros ni es tan restrictivo. Más del 30% de Extremadura tiene algún tipo de protección», sostiene. Y continúa: «El desarrollo y el futuro de miles de personas está en manos de los ecologistas y las leyes de conservación que han ido imponiendo».
El presidente de Fedexcaza asegura que la caza es un importante elemento económico en su región, y que por ello a lo largo de este año presentarán «un plan estratégico de desarrollo donde la actividad cinegética ocupará el papel que le corresponde como uno de los elementos socioeconómicos más importantes del mundo rural extremeño».
