Hubo un tiempo en que cruzarse con un jabalí en España era casi una leyenda, una historia de barra de bar que pocos creían debido a lo extraño de advertir su presencia en innumerables cotos de caza. Hoy, en cambio, los jabalíes aparecen en las cámaras de fototrampeo de cualquier rincón de nuestra geografía, en los huertos pegados al pueblo, en las rotondas de las ciudades y en las cunetas de las autovías. Lo que antes era una anécdota se ha convertido en un problema de gestión, de sanidad animal y de seguridad pública con cifras que ya no admiten eufemismos.
En 2023 se abatieron 443.000 jabalíes en España, según los datos más recientes manejados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es la cifra más alta de la que se tiene registro y supone un salto brutal respecto a los poco más de 32.000 que se cazaban en 1985, cuando el INE empezó a llevar la cuenta. En apenas cuatro décadas, las capturas se han multiplicado por más de trece. Y sin embargo, el jabalí sigue ganando terreno.
El propio Ministerio de Agricultura lo reconoce sin ambages en su Plan Nacional para reducir el riesgo de la peste porcina africana, fechado en mayo de 2024: la caza, por sí sola, «no puede hacer frente al crecimiento poblacional que están experimentando las poblaciones de jabalíes». La razón es biológica y matemática a la vez. La población crece a una media del 10% anual, y para doblar esa curva haría falta extraer cada temporada el 66% del total de ejemplares, es decir, dos de cada tres jabalíes que hay en el monte. Esa proporción no se alcanza, ni de lejos, con la presión cinegética actual.
¿Cuántos jabalíes hay realmente en España?
Las estimaciones de población varían según la fuente y el método, pero todas apuntan en la misma dirección. El informe ministerial de mayo de 2024 reconocía 1,2 millones de ejemplares y advertía de que la cifra podría duplicarse en poco tiempo. El primer mapa europeo armonizado de densidad de jabalí, publicado como informe técnico por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y elaborado con la participación del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), eleva esa estimación hasta los 2,4 millones de ejemplares en España, con más de 200.000 concentrados solo en Cataluña. La diferencia entre ambas cifras no es una contradicción: son metodologías distintas y momentos distintos, pero el mensaje de fondo es el mismo. Hay muchos más jabalíes de los que la caza puede controlar.
El mapa de la EFSA, con una resolución espacial de dos por dos kilómetros, es el más detallado que se ha elaborado nunca para una especie silvestre terrestre en Europa. Sus autores, entre los que figura el IREC —consorcio del CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla-La Mancha—, concluyen que, pese al incremento medio anual de capturas en la última década, las poblaciones han experimentado un crecimiento «constante y acelerado». El corredor mediterráneo, desde el sur de Francia y Cataluña hasta el sureste de España, concentra algunas de las densidades más extremas del continente, y no por casualidad: es también la zona con mayor concentración de granjas porcinas y de infraestructuras de transporte.
La biología del problema: una hembra que no para
Para entender por qué la caza no basta, hay que mirar a la hembra de jabalí. Las marranas pueden alcanzar la madurez sexual antes del año de vida, con una media de dos camadas anuales y entre cuatro y seis rayones por camada. Los bermejos sufren una mortalidad alta en los primeros meses, pero a partir de los seis meses la caza se convierte en el principal —y casi único— factor de regulación. El jabalí apenas tiene depredadores naturales en la mayor parte del territorio español, y el cambio climático, con inviernos más suaves, mejora año tras año las condiciones para el éxito reproductivo. El resultado es una especie que responde con rapidez a cualquier reducción puntual de la presión cinegética: en cuanto el cazador afloja en la gestión, la población aumenta de nuevo.
Un artículo científico publicado en 2026 y analizado en estas páginas —«Los científicos lo dejan claro: la caza, limitada y con trabas normativas, no basta para frenar la PPA ni el jabalí»— identifica seis grandes motores demográficos que determinan la dinámica de la especie: la caza, la depredación y las enfermedades por un lado; la calidad del hábitat, la disponibilidad de alimento y la competencia con otras especies por otro. El modelo actual, centrado casi exclusivamente en aumentar la mortalidad por caza, no actúa sobre los otros cinco. Y eso, dicen los autores, es el problema de fondo.
Las trabas que frenan al cazador
Que se cace más no significa que se cace bien ni donde hace falta. Los investigadores señalan que en España, como en otros países europeos, existen limitaciones regulatorias que condicionan la eficacia de la caza: temporadas cerradas, restricciones en el número de cazadores y perros en las monterías, cupos o prohibiciones en espacios naturales protegidos que, en la práctica, actúan como reservorios desde los que el jabalí se expande hacia los cotos colindantes. A eso se suman factores sociales: la inercia de las prácticas tradicionales, la resistencia a modificar métodos de caza, el deseo de mantener densidades altas para garantizar más lances, y la presión de colectivos contrarios a la caza que dificulta el respaldo político a medidas de control más intensivas.
El Ministerio de Agricultura ha pedido a las comunidades autónomas que eliminen trabas administrativas: ampliar los periodos hábiles, flexibilizar licencias, reducir tasas y, sobre todo, autorizar la caza de hembras adultas, crías y jóvenes fuera de los periodos más sensibles de reproducción, así como en áreas nevadas y en terrenos de titularidad pública. Algunas comunidades ya han dado pasos en esa dirección. Aragón aprobó en diciembre de 2025 pagar 30 euros por jabalí abatido, reconociendo que la actividad ha dejado de ser solo cinegética para convertirse en un servicio de control con dimensión pública. Madrid declaró la emergencia cinegética temporal en diez comarcas y dos municipios en abril de 2025, y el balance presentado en febrero de 2026 cifró en 9.000 los ejemplares controlados, con una reducción visible de daños en cultivos y de accidentes en carretera. La región amplió después la medida a trece comarcas, con una población estimada de entre 35.000 y 40.000 jabalíes en su territorio.
El campo paga la factura
Para el agricultor que amanece con el maizal destrozado o el viñedo hozado, los debates sobre modelos demográficos son secundarios. El jabalí causa pérdidas que distintas fuentes cifran en toda España, aunque no todas ellas proceden de un informe oficial verificado de forma directa. En Castellón, cifras difundidas por el sector agrario sitúan los daños en cultivos por encima de los 20 millones de euros en 2024, aunque no ha sido posible localizar el informe oficial que respalde ese dato. En Galicia, Unións Agrarias cifra las pérdidas en unos 14 millones de euros anuales, con más de 4.200 avisos por destrozos en la temporada 2024-2025, una estimación del sindicato agrario que no ha podido contrastarse con un informe publicado. En carretera, el jabalí es responsable del 45% de todos los accidentes con fauna silvestre, según el VII Informe de Siniestralidad con Animales del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA. A esa cifra se suma la estimación de Pere Roqué, presidente de Asaja en Cataluña, quien vincula al jabalí más de 15.000 accidentes de circulación al año en toda España, una valoración del sector agrario sin respaldo en estadísticas oficiales. El coste medio de cada siniestro con animales ronda los 2.000 euros, el doble del promedio habitual.
Para el guarda de coto o el titular que gestiona una finca en el corredor mediterráneo, la presión del jabalí se traduce en decisiones concretas cada temporada: qué grupos se respetan, si se asumen aguardos nocturnos, cómo se coordinan las batidas con los agricultores vecinos y cómo se justifica ante la administración cada animal abatido fuera de la temporada ordinaria. La burocracia pesa, y los investigadores lo saben.
La PPA: el riesgo que lo cambia todo
El 28 de noviembre de 2025 las autoridades españolas confirmaron los dos primeros jabalíes positivos de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), marcando la primera aparición de la enfermedad en España desde 1994. En los meses siguientes, el brote se fue extendiendo dentro de la fauna silvestre de Cataluña: a mediados de agosto de 2026, el MAPA contabilizaba 66 focos notificados, todos concentrados en el área metropolitana de Barcelona y dentro de las zonas restringidas delimitadas por vallados perimetrales. Hasta la fecha, ninguna explotación porcina doméstica ha registrado contagio, lo que es la mejor noticia posible para un sector que en 2025 exportó 1,35 millones de toneladas de carne de porcino, un máximo histórico en valor.
La PPA no tiene vacuna eficaz disponible en la práctica y no supone riesgo para la salud humana, pero su capacidad de propagación convierte cada foco en una emergencia económica y comercial. El mapa europeo de densidad de jabalí subraya precisamente que las áreas con mayor concentración de la especie coinciden con las zonas de mayor producción porcina y mejores comunicaciones: el escenario perfecto para que el virus viaje. Las autoridades catalanas mantienen labores intensas de búsqueda de cadáveres, trampas de captura, control por agentes rurales y cazadores formados, y refuerzo de vallados en los corredores de uso del jabalí. El perímetro de alto riesgo abarca 19 términos municipales del área metropolitana de Barcelona.
Los investigadores insisten en que la caza, por sí sola, tampoco basta para frenar la PPA. Hace falta vigilancia epidemiológica activa, búsqueda sistemática de cadáveres y su retirada segura, control de movimientos de personas y vehículos que puedan vehicular el virus, y una comunicación clara con el sector cinegético para que los cazadores actúen como aliados en la detección temprana. El IREC señala que las estadísticas de caza pueden convertirse en una «potente herramienta de gestión» si se combinan con los modelos de densidad de alta resolución para estimar las tasas de extracción reales y evaluar si la presión cinegética es suficiente en cada zona.
¿Cazar más, diferente o de otra manera?
La respuesta corta es: más, diferente y con más herramientas. El sector cinegético reclama a las administraciones una caza «suficientemente incentivada», dotada económicamente, porque los cazadores ya no realizan solo una actividad recreativa sino un servicio de control con dimensión pública. La pregunta que sigue sin respuesta clara es cómo gestionar el volumen de carne que generaría un control realmente intensivo: «Si paso de cazar dos jabalíes para autoconsumo a diez, ¿qué hago con ellos?», plantea el sector. Habilitar las cadenas de aprovechamiento de carne de caza es una de las asignaturas pendientes que los propios investigadores señalan como clave para hacer sostenible el modelo.
Mientras tanto, el jabalí sigue ganando terreno. Desde 1985 hasta 2021, el INE registró más de seis millones de jabalíes cazados en España. En la última década, las capturas anuales han pasado de poco más de 200.000 a superar los 440.000. Y la población, lejos de menguar, no da señales de retroceso. Para quien gestiona un coto o depende del campo, esto se traduce en una pregunta muy concreta: si la ciencia dice que hace falta cazar el doble de lo que hoy se caza y la administración no acaba de despejar el camino —con trabas de calendario, cupos y permisos que cambian de una comunidad a otra—, la distancia entre lo que se pide y lo que se permite seguirá siendo, en la práctica, quien decida cuánto crece el jabalí cada año. El monte ha cambiado, el campo ha cambiado, y la conversación en la barra del bar ya no es de asombro sino de preocupación.
