La guerra por el lobo ibérico ha entrado en una nueva fase. Desde que el Gobierno aprobara en 2021 su inclusión en el LESPRE, blindando su estatus, el conflicto no ha hecho más que crecer. Ahora, con la reciente modificación legislativa que vuelve a permitir su control poblacional al norte del Duero, organizaciones ecologistas han activado una potente campaña de recaudación para financiar su contraataque. Y ya han empezado a hacer caja: 42.000 euros en apenas unas semanas, con el objetivo de superar los 200.000 en los próximos meses.
La iniciativa parte de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), una organización estatal que ha lanzado el llamado Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Su objetivo, dicen, es «conseguir recursos económicos para hacer frente a la actual ofensiva legislativa y mediática contra una especie emblemática de nuestros ecosistemas».
«Necesitamos medios con los que apoyar acciones para detener esta situación tan violenta hacia la naturaleza», añaden en su argumentario, que evita hacer referencia a los censos más recientes sobre la expansión del cánido. Acusan a los defensores del control del lobo de estar liderados por «sectores sociales que tienen el negacionismo científico como bandera y las maneras autoritarias como forma de proceder».
Un plan de 219.000 euros… y en marcha desde julio
La campaña de crowdfunding se lanzó el pasado 22 de abril y prevé financiar un conjunto de acciones que arrancarán en julio. El presupuesto total asciende a 219.010 euros, de los cuales el capítulo legal se lleva la parte más cuantiosa: 85.000 euros para contenciosos, dictámenes y periciales. El resto se distribuirá en tareas de divulgación, apoyo a entidades y acciones técnicas.
En apenas unas semanas, el proyecto ha conseguido movilizar a simpatizantes por toda España, sobre todo en comunidades del norte peninsular. La cifra de 42.000 euros recaudados da una idea de la capacidad económica del ecologismo organizado cuando se enfrenta a decisiones políticas que no comparte. Y lo hace justo cuando la presión desde el mundo rural empieza a surtir efecto.
La polémica inclusión en el LESPRE
El actual conflicto tiene su origen en 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La decisión, adoptada en votación por las comunidades autónomas, fue calificada de antidemocrática por parte del mundo rural.
Y no sin motivo: votaron a favor de la protección regiones sin presencia de lobos, como Melilla, Baleares o Canarias. Mientras, territorios como Castilla y León, Galicia o Cantabria —donde se concentra la población lobera— se opusieron frontalmente. El resultado fue un decreto que afectaba directamente a quienes conviven con la especie, sin contar con su opinión.
Reacción del campo: protestas, datos y presión política
Desde entonces, las protestas ganaderas se han multiplicado y los lobos, también. Solo en Castilla y León, los ataques del cánido se han disparado un 33 %, con más de 3.500 ataques y 5.500 cabezas muertas solo en 2023, según datos de la Junta. Por todo ello, el campo ha exigido una gestión más equilibrada y ha contado con el respaldo de varias comunidades autónomas.
La presión política surtió efecto: el Partido Popular introdujo una enmienda en la Ley de Desperdicio Alimentario para devolver competencias a las comunidades sobre el control del lobo. Aprobada el pasado 20 de marzo y en vigor desde el 2 de abril, esta medida permite autorizar la caza controlada al norte del Duero.
La población del lobo, en expansión
A pesar del relato ecologista, los datos del último informe remitido a la Comisión Europea en 2023 son concluyentes: desde 2014, la población de lobo ha crecido un 26 % en España. Comunidades como Castilla y León han constatado un aumento de 193 manadas frente a las 179 anteriores, con un espectacular incremento del 30 % al sur del Duero.
En Galicia, una investigación del Instituto Ibader denunció que el censo oficial subestimó en más de un 40 % el número de ejemplares. Donde la Xunta hablaba de 13 grupos reproductores, el estudio halló 18. La disparidad se atribuye a fallos metodológicos y equipos poco homogéneos.
En total, según datos de Fundación Artemisan, en España habría unas 2.800 lobos repartidos en más de 780 manadas, concentradas sobre todo en el noroeste peninsular.
¿Control del lobo o prohibición ideológica?
La polémica está servida. Mientras el Gobierno ha subvencionado en los últimos años actuaciones como la eliminación de palomas en Moncloa, no permitía a los ganaderos proteger a sus rebaños de los ataques del lobo. Ahora que se abre la puerta a poder controlar determinados ejemplares en zonas donde los daños a la ganadería están más que comprobados, el ecologismo más radical se opone y trata de sacar tajada.
En este escenario, el ecologismo ve una nueva oportunidad de financiación mientras en el campo crecen las críticas. El enfrentamiento entre ambos mundos, lejos de apagarse, entra en una nueva y lucrativa fase.
