El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aplica la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y paraliza la caza del lobo al norte del Río Duero.
17/5/2018 | Redacción JyS
Hace apenas dos años, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicaba el primer censo nacional de la especie, que revelaba su imparable aumento en nuestro país: casi un 20% en sólo nueve años.
Del estudio elaborado por el Grupo de Trabajo del Lobo, en colaboración con expertos del citado Ministerio, podía extraerse que las comunidades donde más lobos se pueden encontrar son Castilla y León, Galicia y Asturias -en ese orden- y que además, debido a la gestión y el control de la especie, se encontraba en expansión ocupando más de 91.000 kilómetros cuadrados, el 18,32% de la superficie de España.
Sin embargo, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y aplica la medida cautelar que solicitaron «suspendiendo la resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019», tal como informó ASCEL a través de un comunidado.
Cazadores y ganaderos advierten del «grave perjuicio» que supondrá paralizar el control del lobo
La medida cautelar adoptada por el TSJCyL no ha dejado indiferente a nadie. Cazadores y ganaderos han advertido del grave perjuicio que supondrá suspender el control de lobos al norte del Duero, donde los ataques de estos animales se han disparado un 80% en el primer semestre del año y cuando provincias como Ávila y Segovia han sufrido ya cerca de 2.000 siniestros.
A través de sendos comunicados, la Federación de Caza de Castilla y León y la organización agraria UPA-COAG se han referido al fallo del Alto Tribunal regional como «un auténtico escándalo».
UPA-COAG ha denunciado «la indefensión absoluta en la que se encuentran los ganaderos de Castilla y León, que sufren en primera persona la expansión incontrolada de lobos en nuestra comunidad autónoma, y por lo tanto que son víctimas de la fauna salvaje en su propio patrimonio personal cada vez que se produce un ataque».
A su juicio, es «un auténtico escándalo lo que está ocurriendo y la situación en la que viven los afectados, no solo por el daño económico que sufren sus explotaciones, sino el daño moral que padecen cada vez que se produce una sentencia» como la citada.
La Alianza UPA-COAG «no solo considera justificada la caza de ejemplares debido a los altísimos niveles poblacionales, distribución geográfica e índice de reproductividad de la especie, sino que es incomprensible que no se presenten alegaciones suficientemente pormenorizadas y no genéricas por parte del Gobierno regional, tal y como recoge la última sentencia, para que se actúe de una vez por todas con la contundencia que la situación exige».
«Apelar a la continua expansión de la fauna salvaje, tal y como reclaman con sus actuaciones los grupos ecologistas, es una auténtica temeridad que acrecienta aún más el problema del despoblamiento y de peligros constantes para la población rural», afirman.
El mundo rural, indignado
Por su parte, la Federación de Caza de Castilla y León ha trasladado «la indignación» del mundo rural por la decisión del Tribunal Superior de Justicia que responde a «evitar un perjuicio de imposible reparación que sería la caza del lobo sin tener asegurado que pueda cazarse».
Sin embargo, para los cazadores de la comunidad «es difícil de entender que no se considere al menos igual de irreparable y de mucho mayor calado el perjuicio que supone la suspensión de la caza del lobo para el interés general».
«La mayoría de los ciudadanos, que no tiene conocimiento de la especie más que por los documentales o por las informaciones parciales y sectarias de estos grupos animalistas radicales, puede caer en el error de pensar que las poblaciones de lobo están en recesión en Castilla y León cuando no es así», afirman desde la Federación de Caza de la Comunidad.
Además, han recordado el «estudio científico que ha fundamentado el aprovechamiento del lobo en la región» demuestra que se mantienen estables sus manadas y en algunas zonas se encuentra en expansión, de ahí que la Junta «esté instando a nivel europeo la posibilidad de incluirlo como especie cinegética también al sur del Duero». Y alertan que esa suspensión de la caza, «de mantenerse en el tiempo, provocaría un brusco repunte y un grave desequilibrio en las poblaciones de lobo en el medio natural» y un mayor rechazo hacia la especie.
Los cazadores han mostrado por último su apoyo a las asociaciones ganaderas y afirman que «no hay recetas mágicas para resolver el problema de la convivencia del hombre y el lobo si no es a través de un aprovechamiento cinegético ordenado».
Por ello, «y para evitar este perjuicio irreparable que los tribunales ignoran», instan a la Junta de Castilla y León «a resolver esta situación a la mayor brevedad adaptando la regulación sobre el lobo al ya modificado Decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas».
