Los montes zamoranos están siendo arrasados por una gran mafia que persigue el lucro por medio de la recolección de setas. Según los alcaldes de la comarca de Aliste, estas mafias dejan el monte arrasado, con el riesgo de que no vuelvan a producirse más en la zona, lo que provocaría la pérdida de miles de empleos.
13/12/2016 | Redacción JyS
Según publica El Confidencial, en este año –especialmente malo para la campaña micológica- se han instalado en la comarca de Aliste alrededor de 500 personas procedentes del este de Europa para dedicarse a la recolección de setas.
Estas personas son empleadas por intermediarios que se lucran del alto precio que se paga por este producto. Este hecho unido a que los recolectores de setas trabajan sin contrato para ellos, y se les paga muy poco (alrededor de 20 euros la jornada, en la que tienen que recoger al menos cinco kilos, según el citado medio), permite a los empresarios intermediarios monopolizar el mercado, ya que los grandes beneficios obtenidos les posibilita pagar un precio por encima de mercado a los vecinos de los pueblos, que también recogen hongos para sacar un sobresueldo.
Pero el problema es aún mayor. Estas mafias, en su afán de hacer un mayor negocio, destrozan el monte con los métodos que utilizan. Según El Confidencial, los alcaldes de la región al ser preguntados por cómo se sienten, repiten la misma palabra: «horrorizados».
«Nos han expoliado los montes, que es como decir nuestro modo de vida. Ya habían venido en años anteriores, pero lo de este año ha sido una avalancha», dice afectado Carlos Pérez, alcalde de Figueruela de Arriba, al periódico mencionado anteriormente. «Todos los recolectores ilegales que otros años se repartían por Soria, Burgos o Valladolid se han apiñado en nuestros montes. Los han dejado llenos de latas, botellas y basura, han levantado todo el manto vegetal con lo que no saldrán más setas en años, han amenazado a la gente y han arruinado nuestras fábricas», asegura Pérez.
Según afirman, el contrabando de setas viene siendo habitual en los últimos años, pero este año ha adquirido una mayor magnitud, asegurando además que estos ‘empresarios’ se aprovechan de las lagunas legales para operar con total impunidad.
Dañan el monte y provocan la pérdida de empleos
Aún así, el problema no solo radicaría en la pérdida de esa masa forestal arrasada en busca de los hongos. Otra de las graves afrentas a las que se exponen los pueblos de la zona es la pérdida de empleos, dado que ese producto nunca llega a las fábricas de procesado legales de la zona, empresas que dan trabajo a pueblos enteros.
«Las setas terminan en Mercabarna, en Mercamadrid, en Francia o Italia. Y todo el mundo cree que está comprando un alimento 100% legal, ya que llegan en cajas perfectamente colocadas con el sello de una empresa, la del mismo comercializador pirata. En la caja quizá pone que son setas de Burgos o de Valladolid, cuando en realidad son setas robadas en Zamora«, explica Manuel Faúndez a El Confidencial, fundador hoy ya jubilado de Faúndez Gourmet, una de las mayores procesadoras de setas zamoranas.
Faúndez explica cómo en su fábrica, una de las mayores y mejor acondicionadas de España, actualmente hay trabajando cinco personas. «En circunstancias normales habría 30 o 40 personas trabajando al mismo tiempo», asegura.
Pero todo este entramado tiene lugar debido a las lagunas legales que existen en nuestro país acerca del citado producto –que el año pasado movió 130 millones de euros solo en Castilla y León-.
Las autoridades poco pueden hacer al respecto
En España, la Guardia Civil solo puede requisar las setas si captura a los infractores in fraganti. Sin embargo, si la detención se produce fuera del monte, el producto debe superar los 400 euros para que los agentes puedan retirarlo del mercado. Por tanto, los cuerpos de seguridad españoles lo máximo que consiguen en la mayoría de ocasiones es identificar a los infractores y tomarles declaración para posteriormente liberarlos.
«Yo el otro día me acerqué al cuartel para poner una denuncia a una cuadrilla que había cazado la Guardia Civil. Estuve allí varias horas y, al final, los propios rumanos me acabaron preguntando hacia dónde quedaba Alcañices para poder seguir recogiendo setas al día siguiente. No pagan las multas porque a ver quién los localiza en Rumanía, aunque algunos tienen NIE pero muestran su carné de allí, y otros se declaran insolventes. Es un escándalo», se lamenta el alcalde de Figueruela de Arriba. Por su parte, el alcalde de la localidad de Trabazos asegura que «se conocen la legislación al dedillo. Están aquí riéndose de la población, riéndose de nuestro sistema de gestión micológica y riéndose de las fuerzas y cuerpos de seguridad».
Guardas forestales de la Junta de Castilla y León como Abel Fernández, también sufren la intimidación de estas bandas. «No son violentos, ellos saben que no les conviene crear alarma en los pueblos en los que trabajan. Pero sí usan la intimidación. Cuando se encuentran a otros recolectores, los rodean en un círculo para amedrentarlos y echarlos de allí. A mí me hacen lo mismo cuando aparezco. Les pido su permiso de recolección y se niegan a entregarme las setas, no me queda otra que llamar a la Guardia Civil», explica Fernández. «Estas personas lo dejan todo hecho un desastre. Levantan el manto con cuchillos, palos y rastrillos, lo dejan todo revolcado y lleno de suciedad. Por donde pasan no vuelven a salir setas», se lamenta.
Los alcaldes y empresarios esperan que con el decreto de regulación micológica que sacará a la luz la Junta de Castilla y León en 2017 se acabe esta situación. Y aseguran que de no dotar a ayuntamientos y Guardia Civil de herramientas para terminar con las mafias de las setas, en pocos años los montes van a dejar de producirlas.
Javier Faúndez, senador del PP, asegura que el nuevo decreto debe exigir «que las sanciones administrativas por recolección ilegal sean pagadas en efectivo so pena de inmovilizar el vehículo; que se persiga la emisión de albaranes falsos en los puntos de compra y que se elimine el mínimo de 400 euros de mercancía para retener y multar a un recolector”. “Si no logramos un soporte jurídico, seguiremos atados de pies y manos», advierte.
