La Ley de Protección Animal de La Rioja -rechazada por colectivos de cazadores, pero también por veterinarios, criadores o ganaderos- no será apoyada por el Parlamento de la región, tal y como Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha anunciado este miércoles.
9/5/2019 | Redacción JyS
El Parlamento de La Rioja no defenderá ante el Tribunal Constitucional la Ley autonómica de Protección Animal -aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos y que obliga a esterilizar a todas las mascotas, entre otras medidas– que han recurrido el Gobierno riojano y 50 senadores del PP. Según los «populares», esto «allana el camino para su derogación».
Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que, el pasado 24 de abril, la Mesa de la Cámara aprobó no acudir al Constitucional para defender esta ley que está en vigor.
Garrido sigue definiéndola como «una chapuza legal» rechazada por colectivos de cazadores, pero también por veterinarios, criadores o ganaderos, hasta el punto de que se presentaron 24.000 firmas en el Parlamento pidiendo su derogación. El portavoz «popular» ha acusado a los socialistas de estar «permitiendo que esta ley esté en vigor a sabiendas de que es inconstitucional».
Además, no ha escatimado críticas a los impulsores políticos de esta norma y ha acusado al «tripartito de la oposición formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos de aprobar esta ley animalista a sabiendas de que es inconstitucional», como, a su juicio, demostraron los informes negativos emitidos por los servicios jurídicos del Parlamento de La Rioja y el que emitió el propio Gobierno de España de Pedro Sánchez en el que se ponía la duda sobre la constitucionalidad de al menos doce artículos.
Una polémica ley recurrida por 50 senadores del PP
Ya nos hicimos eco en Jara y Sedal el pasado 5 de abril de que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta senadores del Partido Popular contra diversos artículos de esta ley.
Entre otros puntos más polémicos la ley que se recurrieron, destacan los que afectan principalmente a las mascotas al considerar animal de compañía «a todos aquellos que las personas mantienen principalmente en el hogar para disfrute de su compañía», siempre y cuando su tenencia «no implique su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos». Esta definición abre el abanico a innumerables casos: desde perros y gatos hasta conejos o hurones.
En La Rioja hay actualmente alrededor de 57.000 perros, 3.800 gatos y 750 hurones censados y el nuevo texto no establece ningún tipo de ayuda o compensación económica para los dueños de animales a esterilizar. Por ello, según la ley recurrida serían los propietarios los tendrían que asumir el coste de una intervención que se realizaría «bajo control veterinario» y, como añade la ley, «empleando procedimientos cuyos efectos fisiológicos sean mínimos». El coste de estas intervenciones oscila, de media, entre los 120 y 250 euros en virtud del animal, su tamaño y el sexo.
El gasto para los dueños no acabaría ahí, ya que además de comunicar a las instituciones pertinentes la muerte de su animal, tendrían que adjuntar por ley un certificado «expedido por un veterinario donde se hagan constar las causas de la muerte de su mascota y si presenta o no signos de violencia». Es decir, una autopsia en toda regla que implica el pago al correspondiente veterinario encargado de este trámite.
Además de la esterilización de las mascotas, éstas tampoco podrían estar más de 48 horas solas y habría que pasearlas obligatoriamente dos veces al día, algo que también se ha recurrido.
Apoyo de la ONC, RFEC y federaciones autonómicas
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación Riojana de Caza también apoyaron este recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Protección Animal. Tanto la RFEC como el resto de federaciones autonómicas de caza se posicionaron en contra de cualquier tipo de maltrato a perros y hurones, pero nunca a favor de la imposición de normas de dudosa constitucionalidad.
«Desde el primer momento esta ley ha generado polémica al dar a las mascotas mayores derechos que a las personas», indicó el por entonces presidente de la RFEC, Ángel López Maraver, quien además señaló que la normativa aprobada en La Rioja «es fiel reflejo de las ideas animalistas más radicales, hecha sin contar con los colectivos afectados».
