El Tribunal Supremo, a instancias de Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, ha incluido especies como la carpa común, el black bass o la trucha arcoíris en la lista de especies invasoras, lo que provocará el exterminio de estas especies, la pérdida de tres billones de euros y de miles de puestos de trabajo.
31/03/2016 | Redacción JyS
Ante este hecho que la Federación Española de Pesca señala como una “injusticia social para millones de personas y miles de empresas”, se ha creado la Plataforma para la Defensa de la pesca, grupo que aglutina al colectivo de afectados contra la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Esta Plataforma coordina las acciones a emprender “por este agravio”, que “obedece a una Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que en nada se adecua a la realidad medioambiental de nuestro país”, y que en opinión de este colectivo es una muestra utópica de unos objetivos inalcanzables, además cabe recordar que esta ley era una petición expresa que realizaron los grupos ecologistas al socialista Pedro Sánchez.
Según los datos facilitados por la propia federación, gracias a los sondeos realizados a empresarios y aficionados afectados por esta nueva ley, el volumen de negocio que se perderá en nuestro país rondará los tres billones de euros. Por tanto, desde este organismo califican la aplicación de la nueva ley como “un descalabro para la economía del país e incluso un descalabro medioambiental”. Además desde la Plataforma para la Defensa de la pesca creen que “lejos de erradicar a las especies catalogadas como invasoras, lo que producirá la nueva ley es lo contrario a lo que pretende, un incremento de estas y otras especies debido a un nuevo desequilibrio medioambiental”.
Pero volviendo al tema económico, la Plataforma destaca que miles de empresas se verán afectadas por esta Ley “de forma fulminante” y muchas de ellas pueden verse obligadas a cerrar sus establecimientos con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo. Se verá afectado el sector servicios, así como el comercio y los distribuidores nacionales de productos de pesca, las tiendas especializadas, guías de pesca, la exportación, el turismo nacional e internacional, distribuidores de embarcaciones, motores fuera borda y accesorios náuticos, distribuidores de kayaks, gasolineras, y así un sinfín de empresas. Y eso sin contar las inversiones que se frenarían en esta industria que afectarían sobre todo a la vida rural española.
Por último, desde esta Plataforma se hace una llamada de atención poniendo el foco sobre las actuaciones que se han llevado a cabo en otros países europeos donde especies, como el caso de la carpa que fue introducida en nuestro país por los romanos hace casi 2.000 años, son consideradas especies alóctonas naturalizadas ya que interpretan que las mismas son parte de su patrimonio natural, por su aclimatación, asentamiento y, sobre todo, por su antigüedad centenaria o milenaria.
