Una setter inglés enferma de leishmaniosis sobrevivió después de que su propietario dejara de proporcionarle los cuidados veterinarios que necesitaba y acabara arrojándola a un contenedor de basura. La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado ahora la condena por maltrato animal: seis meses de prisión y dos años de inhabilitación para tener animales.
La resolución, dictada el pasado 3 de julio de 2026 por la Sección Segunda, estima parcialmente el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Palma. Aunque mantiene la existencia del maltrato, concluye que el abandono no debe castigarse como un segundo delito independiente porque fue el medio utilizado para culminar la conducta.
La perra había sido diagnosticada de leishmaniosis en 2018. Según los hechos probados, durante 2021 su propietario dejó de suministrarle la atención veterinaria necesaria, pese a conocer tanto la enfermedad como las consecuencias que podía tener la interrupción de sus cuidados.
La encontraron desnutrida, herida y con un ojo ulcerado
La falta de asistencia provocó un deterioro extremo. Cuando fue encontrada, la setter presentaba suciedad, desnutrición, atrofia muscular y las costillas visibles y palpables. También sufría descamaciones y numerosas heridas repartidas por distintas partes del cuerpo.
El estado del ojo derecho era especialmente grave. Estaba completamente ulcerado y la lesión le había ocasionado la pérdida de visión. El tribunal considera que estas circunstancias no eran compatibles con la versión ofrecida por el acusado y los testigos de la defensa acerca de los supuestos cuidados que recibía el animal.
El episodio más grave ocurrió el 12 de marzo de 2021. El propietario introdujo a la perra en un contenedor de basura y la dejó allí, aun sabiendo que se encontraba muy enferma y que podía morir si no recibía atención. Unos trabajadores del servicio municipal de recogida de residuos la localizaron con vida al día siguiente. Al comprobar su pésimo estado, avisaron a la Policía Local y el animal pudo recibir finalmente asistencia veterinaria.
Un tratamiento puntual no sustituye a las revisiones
La defensa sostuvo que el acusado había facilitado tratamiento para la leishmaniosis y cuestionó que existieran pruebas suficientes para condenarlo por maltrato animal. La Audiencia, sin embargo, respalda la valoración realizada por el juzgado de primera instancia. La resolución recoge que el propietario había llevado a la perra al veterinario en alguna ocasión, pero mucho tiempo antes de que fuera abandonada. Además, el facultativo que intervino en el procedimiento advirtió de que el estado de desamparo en el que se encontraba suponía un serio peligro para su vida.
El tribunal recuerda que atender a un perro con una enfermedad como la leishmaniosis no consiste únicamente en administrarle medicación de manera ocasional. También requiere controles diagnósticos, seguimientos y revisiones periódicas, actuaciones cuya realización no pudo acreditar el condenado.
El abandono formó parte del maltrato
La sentencia inicial había apreciado dos delitos: uno de maltrato animal y otro de abandono de un animal doméstico. Por el primero se impusieron seis meses de prisión y tres años de inhabilitación, mientras que el segundo conllevó una multa de seis meses y otro año de inhabilitación.
La Audiencia elimina esta segunda condena al entender que no existieron dos conductas separadas. A su juicio, hubo una omisión prolongada de los cuidados veterinarios que provocó el deterioro de la setter y un acto final —arrojarla al contenedor— que formó parte del propio maltrato.
La Sala considera que la forma en que fue abandonada, conociendo su grave estado, estaba orientada a provocarle la muerte, al menos bajo la figura jurídica del dolo eventual. Por ello, concluye que no se trató de un maltrato seguido de abandono, sino de un maltrato cometido mediante el abandono.
Finalmente, la pena queda fijada en seis meses de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer profesiones, oficios o comercios relacionados con animales y para su tenencia. También se confirma la pérdida definitiva de la titularidad de la perra, que pasa a manos de una protectora. La resolución todavía no es firme y puede ser recurrida en casación.
