En octubre de 2022, el furtivismo dejó una huella imborrable en el corazón de los Ancares Leoneses. Un individuo fue sorprendido tras abatir dos ejemplares de cabra montés sin autorización, en plena Reserva Regional de Caza. Ahora, casi tres años después, la justicia ha hablado: cárcel, multa e inhabilitaciones como castigo ejemplar.
El condenado ha aceptado la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada, que incluye 18 meses de prisión, una multa de 24.000 euros, y la inhabilitación durante tres años para cazar, pescar y portar armas. Además, no podrá ejercer su derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. Como atenuante, el infractor abonó la cuantía económica antes del juicio, lo que evitó un proceso judicial más largo.
El suceso ocurrió la mañana del 12 de octubre de 2022, en las inmediaciones del Pico Miravalles, dentro del término municipal de Candín. Entre las 09:40 y las 10:15 horas, el hombre abrió fuego con un rifle Baikal y abatió dos machos de cabra montés, cortando sus cabezas como trofeos. Fue interceptado a las 15:30 horas cuando se disponía a abandonar la zona con los restos de los animales.
Zona de alto valor ecológico
Los hechos se produjeron en una zona amparada por importantes figuras de protección como la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, la Red Natura 2000, la ZEC y ZEPA del mismo nombre, y la Reserva Regional de Caza gestionada por la Junta de Castilla y León.
La cabra montés es una especie cinegética cuya caza está estrictamente regulada. Solo puede realizarse con permisos administrativos y dentro de un cupo legal determinado. En este caso, el furtivo no contaba con autorización alguna, lo que motivó una valoración económica del daño de 12.000 euros por ejemplar abatido, según establece el Anexo IV de la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León.
Decomiso de trofeos y armas
Durante la detención se incautaron las dos cabezas de los animales, que actualmente se encuentran en poder de la Junta. Además, el condenado fue privado de todas sus armas por una disposición administrativa del 17 de octubre de 2022. También ha tenido que afrontar las costas procesales, salvo las de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Candín.
El único aspecto que quedó sin resolver en la sentencia fue la reclamación del consistorio leonés como titular de los terrenos, que buscaba una indemnización adicional. El juez estimó únicamente la compensación a favor de la Junta, valorando el daño ecológico y económico causado a la comunidad autónoma por esta acción ilegal.
