El reciente censo del lobo ibérico publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha encendido todas las alarmas en el campo. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el informe ministerial omite a más de mil ejemplares no territoriales, lo que supone un grave sesgo que falsea la población real del lobo en España y condiciona negativamente las políticas de gestión.
El informe del MITECO, hecho público el pasado 27 de junio bajo el título “Censo nacional del lobo 2021-2024”, contabiliza 333 manadas a nivel nacional. Tomando como referencia una media de cuatro a cinco ejemplares por manada, el cálculo ministerial oscila entre 1.330 y 1.665 lobos en total. Sin embargo, COAG advierte de que esta estimación es incompleta al ignorar por completo a los llamados «lobos flotantes», animales que no forman parte de manadas estables y cuya presencia es clave para entender la ecología y el impacto real de la especie.
Más de mil lobos desaparecidos del conteo oficial
Los lobos no territoriales, también conocidos como dispersantes o periféricos, son ejemplares jóvenes que han abandonado su grupo natal o adultos sin territorio fijo. Según datos científicos citados por COAG, estos individuos podrían sumar entre uno y tres por cada manada registrada. La extrapolación matemática es clara: al añadir entre 700 y más de 1.000 ejemplares adicionales, la población real podría situarse entre 2.330 y 2.665 lobos.
Este desfase no es anecdótico. La cifra supera ampliamente el umbral de 500 manadas estimado por el propio MITECO para considerar que la especie goza de un «estado de conservación favorable». Para COAG, omitir a los lobos dispersantes no es solo una cuestión técnica, sino una omisión intencionada que distorsiona los datos utilizados para fijar políticas de conservación y protección.
Castilla y León, un ejemplo más riguroso
La organización agraria pone como ejemplo a la Junta de Castilla y León, que en su censo autonómico de 2022-2023 sí incluyó a estos lobos no territoriales. El resultado: una estimación de entre 965 y 1.737 ejemplares solo en esta comunidad autónoma. Esta horquilla es, paradójicamente, similar o incluso superior a la que el MITECO asigna a todo el país.
COAG sostiene que si se aplicaran métodos de conteo semejantes en el resto de comunidades con presencia estable del lobo —Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid—, la cifra real sería mucho mayor. Y no solo en número absoluto, sino también en impacto ecológico y social.
Los que más daño causan al ganado
Uno de los aspectos más preocupantes es que precisamente los lobos no territoriales son los que generan más ataques al ganado extensivo. Al no tener un territorio definido ni una jerarquía social que limite su conducta, estos ejemplares presentan un comportamiento errático y depredador más imprevisible que el de las manadas estructuradas. Esto agrava el conflicto con los ganaderos y convierte en insuficientes las actuales medidas de prevención y compensación.
Además, el censo del MITECO ignora otra variable: las camadas ocasionales de hembras beta. Aunque lo habitual es que solo la hembra alfa se reproduzca, en ocasiones una beta puede parir. Si sus crías sobreviven, pueden elevar de forma significativa el número de miembros por manada, hasta duplicar la media considerada por el Ministerio. Para COAG, estos factores hacen que el tamaño real de muchas manadas se acerque más a nueve o diez ejemplares.
Un censo con consecuencias políticas y económicas
Desde COAG alertan de que las decisiones sobre el lobo se toman en función de estos censos, y que un error de base conduce a políticas erróneas: «Las cifras tienen consecuencias. Si se parte de un diagnóstico erróneo, las políticas públicas serán erróneas también. El lobo no puede seguir gestionándose desde un despacho sin escuchar al campo, a los ganaderos y a la ciencia de verdad».
Por eso exigen una revisión profunda e inmediata del censo del MITECO, que incluya criterios más rigurosos y transparentes. Además, reclaman un enfoque más realista para gestionar el conflicto con la ganadería, que no ha disminuido desde que el lobo fue incluido en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que prohíbe su caza.
COAG concluye que no se trata de cuestionar la conservación del lobo, sino de hacerlo con rigor y equilibrio: «No se puede proteger al lobo ignorando al pastor. Solo con realismo y diálogo podremos garantizar la coexistencia futura de ambos».
