La caza vuelve a situarse en el centro del debate con cifras contundentes. Lejos de los tópicos, el sector cinegético se consolida como uno de los principales pilares económicos, sociales y ambientales del medio rural en España. Así lo confirma el último informe elaborado por la Fundación Artemisan junto a Deloitte, que pone números a una realidad muchas veces ignorada: el papel clave de los cazadores en la conservación del entorno.
Según este estudio, la actividad cinegética genera 10.190 millones de euros anuales y sostiene 199.000 empleos, una gran parte de ellos en zonas rurales. No se trata solo de una afición, sino de un motor económico que mantiene vivos territorios donde otras actividades desaparecen.
Además, el impacto de la caza va más allá de lo económico. La implicación directa de los cazadores en el cuidado del medio natural es uno de los aspectos más destacados del informe, que desmonta algunos de los discursos más extendidos en los últimos años. La inversión directa en el campo, el mantenimiento de hábitats y la conservación de especies forman parte del día a día de miles de personas vinculadas a esta actividad, muchas de ellas residentes en pequeños municipios.
Una inversión millonaria en conservación
Uno de los datos más reveladores del estudio es la inversión anual de 320 millones de euros en conservación del medio ambiente por parte del sector cinegético. De esta cantidad, la mayor parte —289 millones— se destina a labores de gestión como siembras, puntos de agua o desbroces, mientras que otros 31 millones se invierten en programas específicos de conservación de especies.
Estas cifras sitúan a los cazadores como el principal colectivo inversor en conservación tras las administraciones públicas, muy por delante de otros grupos que tradicionalmente se han asociado con la defensa del medio ambiente.
Además, la implicación va más allá del dinero. El informe recoge que el 58 % de los titulares de coto y el 67 % de los organizadores de cacerías albergan especies protegidas en sus terrenos. Una parte significativa también participa activamente en programas de conservación, lo que evidencia una gestión directa del territorio.
Este esfuerzo se traduce en mejoras tangibles en los ecosistemas y en el mantenimiento de hábitats que benefician a todo tipo de fauna, no solo a las especies cinegéticas.
Clave para el mundo rural y la seguridad
El estudio también pone el foco en el papel de la caza en la lucha contra la despoblación. Un 32,6 % de los cazadores reside en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde esta actividad supone en muchos casos un motivo clave para permanecer. A esto se suma su aportación a las arcas públicas, con 1.200 millones de euros anuales en retornos fiscales, y su contribución a la economía local mediante el gasto directo de los propios cazadores, que supera los 12.000 euros de media al año.
Pero su impacto no se queda ahí. La gestión de las poblaciones de fauna cinegética resulta fundamental para evitar problemas mayores. En 2023 se registraron 35.047 accidentes de tráfico causados por animales, y más del 83 % estuvieron relacionados con especies cinegéticas como el jabalí o el corzo.
Además, los titulares de cotos y organizadores de cacerías asumieron más de 11 millones de euros en daños agrícolas, reforzando su papel en la mitigación de conflictos con el sector agrario. En conjunto, los datos dibujan una realidad difícil de ignorar: la caza no solo genera más riqueza que aquellas personas que desde un despacho tratan de desprestigiarla, sino que también sostiene el equilibrio de los ecosistemas y la vida en el medio rural.
