Los cazadores gallegos también podrán desplazarse para cazar jabalíes y realizar controles de lobo, según ha hecho público la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma, siempre y cuando se cumplan algunos supuestos.
Entre los supuestos, en primer lugar, se ha dado luz verde a las acciones de caza del jabalí, de acuerdo con la planificación aprobada para la temporada de caza 2020/2021 en los Planes Anuales de Caza de Tecor, y a las acciones autorizadas específicamente en tierras de régimen de caza común.
En segundo lugar, se permiten las actuaciones cinegéticas con motivo de daños a la agricultura o la ganadería provocados por jabalí o lobo. Por último, se podrán llevar a cabo las acciones de caza para frenar accidentes de tráfico en lugares donde ya se hayan producido varios de gravedad.
En cualquier caso, durante el desarrollo de estas acciones cinegéticas se permite la actividad cinegética en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad, que se utilicen medidas de protección física interpersonales o, en su defecto, otras alternativas.
Medidas de seguridad para evitar contagios
El uso de la mascarilla será obligatoria en cualquier caso, incluso si se mantiene la distancia de seguridad. Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que involucre a más de un cazador, el responsable de la caza debe realizar un plan de acción en el que detalle las medidas de prevención e higiene. El contenido de dicho plan será transferido a todos los participantes con el fin de asegurar su conocimiento por su parte.
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Cinco riesgos graves si se paraliza la caza
Las más de sesenta entidades representativas del medio rural que firmaron un escrito a mediados de octubre para solicitar al Gobierno que declarase la caza como actividad esencial avisaron de cinco riesgos asociados a la posible paralización de la caza, todos ellos avalados por numerosos estudios científicos. El primero de ellos se refiere a los riesgos críticos para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental (tuberculosis, peste porcina africana-PPA, brucelosis, sarna, triquinosis, enfermedad de Crimea-Congo…). Esto sería especialmente grave en el caso de que la peste porcina africana llegase a España.
Asimismo, se registrarían severos perjuicios para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico y posibles afecciones a la viabilidad de infraestructuras como las propias vías férreas.
También son previsibles cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas, ya que se multiplicarán las afecciones en las cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.
Otro efecto previsible de la disminución de la actividad cinegética es la generación de desequilibrios ecosistémicos. En esta línea, el documento remitido a Pedro Sánchez pone de manifiesto que «la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción».
Por último, está el efecto directo sobre el mundo rural, con importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.
