La Fundación Artemisan, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la consultora Deloitte, ha presentado el ‘Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España‘. El informe destaca la caza como una actividad esencial y un motor económico significativo que genera más ingresos fiscales que sectores culturales emblemáticos como el cine y la música.
Un impacto fiscal superior al de las grandes industrias culturales
De acuerdo con el estudio, solo en 2023 la actividad cinegética aportó 1.200 millones de euros en impuestos al Estado. Para ponerlo en contexto, según los últimos datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la recaudación de taquilla del cine español en 2023 fue de 82,4 millones de euros.
Incluso si se suma el IVA recaudado y el impacto de los empleos indirectos, la industria cinematográfica sigue quedando muy por debajo de la contribución fiscal que genera la caza cada año. La diferencia no es solo cuantitativa, sino estructural: mientras el cine concentra gran parte de su actividad en núcleos urbanos y necesita subvenciones para su viabilidad, la caza actúa como motor económico autónomo, sobre todo en zonas rurales.
La música, otro sector cultural de referencia, tampoco alcanza las cifras fiscales de la caza. Según un estudio publicado por Promusicae, la música grabada produjo en 2023 —mismo año que el estudio de Artemisan— unos ingresos de unos 520 millones de euros.
Un sector clave para el medio rural
Además de su aportación fiscal, la caza genera 10.190 millones de euros al año en Producto Interior Bruto (PIB) y sostiene 199.000 empleos, de los cuales 45.642 son directos. El 80% de estos trabajos se concentran en el medio rural, donde la actividad cinegética representa en muchos casos la única fuente de empleo estable y la base de otras actividades económicas como el turismo, la hostelería o el comercio local.
Según el informe, los titulares de cotos, los organizadores de cacerías y las empresas relacionadas con la caza también ven retornos económicos directos. Por ejemplo, los organizadores generan de media 359.000 euros al año, y las empresas de carne de caza ingresan más de 129 millones anuales por su comercialización.
Un motor económico al alza
Para ser más concretos, podemos destacar que los titulares de cotos de caza realizaron una inversión total de 216,1 millones de euros, consolidándose como los principales impulsores económicos del sector. Una parte importante de este gasto, 74,9 millones, se destinó a alimentación para la fauna silvestre, lo que subraya su implicación en la sostenibilidad del entorno. A esta cifra se suman 43,4 millones de euros invertidos en infraestructuras como caminos, cortafuegos, torretas o muladares, y 17,8 millones más en la gestión de puntos de agua, esenciales para la fauna. Además, realizaron actividades forestales como podas o reforestaciones con un coste de 72,4 millones, junto a otros 7,4 millones dedicados a la señalización de cotos.
También los organizadores de cacerías contribuyeron de forma notable al cuidado del medio natural con una inversión de 72,6 millones de euros. La mayor parte se destinó, al igual que en los cotos, a la alimentación de la fauna (29,2 millones), seguida de 16,6 millones en infraestructuras como caminos y torretas, y 9,2 millones en puntos de agua. Además, invirtieron casi 3 millones de euros en señalización. Estas cifras reflejan no solo la dimensión económica de la caza, sino su papel activo en la conservación y mejora del entorno rural y natural.
El estudio presentado por Artemisan confirma que la caza no solo mantiene un equilibrio ecológico y poblacional en la fauna silvestre, sino que también actúa como una actividad económica estratégica. Con un impacto superior al de sectores altamente subvencionados como el cine y la música, la caza reclama así un reconocimiento proporcional a su verdadero peso en la economía española.
