La Junta de Castilla y León ha cesado este jueves 1 de octubre a Ignacio de la Fuente Cabria como director general de Caza, Pesca y Medio Rural, apenas tres meses después de su nombramiento, el pasado 3 de julio. El relevo llega dos días después de que su departamento publicara la orden que autoriza los visores térmicos y nocturnos para la caza mayor, una norma que había generado una fuerte polémica con los colectivos ecologistas y que la propia Ecologistas en Acción había señalado expresamente al pedir su cese.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó tras el Consejo de Gobierno que la salida de De la Fuente responde «a cuestiones organizativas» y descartó cualquier vínculo con la orden de visores. El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, trasladó al portavoz que «nada de esto ha influido» en la decisión. Mientras se nombra a un nuevo responsable, asumirá las competencias de Caza, Pesca y Medio Rural José Guirao Sola, hasta ahora director general de Política Ambiental.
Quién impulsó los visores térmicos y por qué hay quien lee el cese como una cesión
Para entender el cese hay que mirar primero quién estaba detrás de la medida que lo precede. De la Fuente, que antes de dirigir el área había sido jefe de Servicio de Caza y Pesca con el anterior Gobierno del PP, encabezó la Dirección General que tramitó la Orden AGR/962/2026, publicada el 29 de septiembre en el Boletín Oficial de Castilla y León y en vigor desde el día siguiente. Fue su departamento el que llevó la propuesta al Consejo de Caza y el que firmó la norma que autoriza estos dispositivos, según detalló Jara y Sedal al explicar la nueva orden. El texto distingue por primera vez con claridad entre el uso de día y de noche: entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta pueden emplearse para jabalí, ciervo, corzo, gamo y muflón en rececho y en aguardo o espera, pero siempre separados del arma. Fuera de ese horario, solo se autorizan en las esperas nocturnas de jabalí, y ahí sí pueden ir montados en el rifle. Quedan excluidas la cabra montés y el rebeco, además de monterías, ganchos, caza al salto y en mano y cualquier modalidad de caza menor.
El procedimiento elegido para sacar adelante esa orden fue tan discutido por Ecologistas en Acción-Palencia denunció que el Consejo de Caza se reunió de forma telemática y urgente el 23 de septiembre para informar favorablemente la propuesta, sin que se hubiera presentado el informe de la Comisión Científica de la Caza que, según la organización, exige la ley para acreditar el carácter selectivo de estos dispositivos. El colectivo pidió entonces, de forma explícita, el cese de De la Fuente y reclamó al presidente Alfonso Fernández Mañueco que lo destituyera; además, confirmó que recurrirá la orden ante los tribunales por entender que vulnera la Ley de Caza autonómica.
Ecologistas en Acción fue más allá de la orden concreta y cuestionó la trayectoria completa de De la Fuente al frente del área. El colectivo le atribuyó haber «cedido permanentemente a los intereses del sector cinegético» y señaló su papel en la elaboración de la Ley 4/2021, a la que calificó de más permisiva que la normativa de 1996 anterior, con sanciones más laxas y sin la retirada automática de la licencia en infracciones graves. También criticó la supresión, durante su etapa como director general, de la obligatoriedad del precinto digital. Son valoraciones de una organización que se ha posicionado abiertamente contra la orden y que ha planteado incluso la posibilidad de un delito de prevaricación, una acusación que corresponde en exclusiva a quien la formula y que no equivale a ninguna resolución judicial.
Conviene añadir un dato de contexto político: De la Fuente Cabria fue nombrado a propuesta de Vox, formación que ostenta la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental a través del propio Pino. Su cese constituye la primera salida de un cargo de Vox en el actual Gobierno de coalición con el PP desde su regreso al Ejecutivo autonómico, lo que añade una lectura adicional sobre el coste político interno de la polémica, al margen de la explicación organizativa ofrecida por la Junta.
Una reforma de la Ley de Caza que sigue sobre la mesa
El cese llega apenas unos días después de que el propio Pino situara la reforma de la Ley de Caza autonómica entre las prioridades de su departamento para esta legislatura. Como recogió Jara y Sedal al analizar aquel anuncio, el consejero planteó en una entrevista cambiar la norma «para que el cazador pueda ejercer su actividad con normalidad», junto a la ley agraria y la de montes, sin concretar qué artículos pretende modificar ni el calendario de tramitación. Ese anuncio, hecho pocos días antes del cese, forma parte del mismo contexto que ahora queda en manos de otro responsable: quien lideraba tanto la ejecución de la orden de visores como la interlocución inicial sobre la futura reforma legal ya no está al frente de la Dirección General.
La Ley 4/2021 no nace de la nada ni llega limpia de polémicas. Antes de su aprobación, la normativa cinegética anterior de Castilla y León sufrió hasta ocho anulaciones parciales en los tribunales por culpa del asedio judicial ecologista, empeñado en prohibir la caza al precui que fuese en la comundiad. Esto obligó a PP, PSOE y Ciudadanos a pactar en 2019 una modificación legal de urgencia para incluir un censo de especies cinegéticas y poder revertir la suspensión cautelar que entonces paralizaba la actividad en la comunidad. Ese antecedente judicial conviene tenerlo presente ahora que Ecologistas en Acción cuestiona también la solidez jurídica de la orden de visores y anuncia que la llevará a los tribunales.
Con el cambio en la Dirección General, cazadores, guardas y titulares de cotos de Castilla y León quedan con dos frentes abiertos: la aplicación práctica de la orden de visores térmicos, que ya está en vigor y que previsiblemente se verá en los tribunales, y una reforma legal anunciada pero sin fecha ni contenido concreto todavía. La Junta mantiene que ambos asuntos son ajenos al cese de este jueves, aunque la coincidencia de calendario -y la petición pública de dimisión que Ecologistas en Acción hizo pocos días antes- seguirá alimentando la lectura política del relevo mientras no se conozca quién ocupará de forma definitiva la Dirección General de Caza, Pesca y Medio Rural.
