La Ley de Caza de Castilla y León vuelve a estar sobre la mesa. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha situado la reforma de esta norma entre las prioridades de su departamento, junto a la ley agraria y la de montes, en una entrevista concedida a ABC. En la misma conversación, el consejero abulense, veterinario de formación y con perfil de dirigente agrario antes de dar el salto a la política de la mano de Vox, ha vuelto a defender la necesidad de aplicar controles sobre el lobo pese a la oposición del Gobierno central, en un asunto que lleva años enfrentando a la Junta con Madrid y con Bruselas.
Para cazadores, titulares de cotos y gestores cinegéticos, el anuncio con más recorrido práctico es la intención de tocar la normativa autonómica que regula su actividad. Para ganaderos de las comarcas loberas, la atención sigue puesta en si la Junta logrará por fin autorizar controles poblacionales del lobo, un debate que en las últimas semanas ha vivido movimientos relevantes tanto en Castilla y León como en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Una reforma «para que el cazador pueda ejercer su actividad con normalidad»
Preguntado por las normas que su consejería quiere cambiar con más urgencia, Pino respondió con una hoja de ruta de tres leyes. En sus palabras a ABC: «Queremos cambiar tres leyes muy importantes. La ley agraria, que necesitará una vuelta completa. La de caza, para que el cazador pueda ejercer su actividad con normalidad. Y queremos también hacer una modificación de la mano de la Consejería de Medio Ambiente y Energía para cambiar la Ley de Montes y que acoja algunos terrenos que son considerados como montes cuando simplemente hay algún árbol y se puedan ejercer las actividades agrícolas con normalidad y hacer los usos y costumbres tradicionales. También estamos explorando la posibilidad de ver si podemos autorizar las quemas de rastrojos».
El consejero no concreta en la entrevista qué artículos de la Ley de Caza pretende modificar, qué trabas quiere eliminar en el día a día del cazador ni qué calendario maneja para tramitar la reforma. Tampoco se menciona un anteproyecto ya redactado. La Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, aprobada en 2021, ya ha sido objeto de modificaciones parciales en los últimos años, la última de ellas en mayo de 2024. La norma, además, arrastra un historial judicial complicado: sufrió anulaciones parciales por parte de los tribunales antes de esa reforma de 2021.
El control del lobo, otra de las prioridades
El segundo bloque de la entrevista, y el que concentra más tensión política, es la gestión del lobo. Preguntado sobre cómo explica a los ganaderos que la especie siga sin poder cazarse, Pino cargó contra el Gobierno central: «Pues porque tenemos desgraciadamente un gobierno que dice que es muy democrático, pero no lo es. No acata las decisiones tomadas en conferencias sectoriales, donde sale por una abrumadora mayoría que el estado de conservación del lobo es favorable y transmite lo contrario a la Comisión Europea. Yo he encargado que se hagan controles, que lo estudien, y desde luego que al consejero no le va a temblar la mano en firmar las resoluciones de control del lobo. Si no son conformes a la ley, ya las paralizará quien sea. Ya bastantes años que nos hemos puesto la venda antes de nada».
La declaración conecta con los pasos que la propia Junta ha ido dando en los últimos meses. Según ha confirmado el propio consejero en otras comparecencias, ya ha dado instrucciones a la Dirección General de Caza, Pesca y Medio Rural para estudiar la vía legal que permita autorizar los controles del lobo, en un contexto en el que la administración considera prioritaria la protección de los ganaderos frente a los ataques. Esas instrucciones, no obstante, siguen siendo un encargo de estudio: no consta en las fuentes consultadas que exista ya una resolución de control redactada, aprobada o firmada en Castilla y León.
Qué dice hoy la norma sobre el lobo
El reproche de Pino al Gobierno central tiene una base real, aunque matizada. El lobo ibérico quedó incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) el 21 de septiembre de 2021, lo que supuso prohibir su caza en toda España, incluido el norte del río Duero, donde antes sí era especie cinegética. Esa prohibición, sin embargo, cambió parcialmente en 2025: una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobada con apoyo de Vox, Junts y PNV, sacó a las poblaciones al norte del Duero del Lespre, lo que en la práctica reabrió la puerta a la caza controlada en esa franja territorial, tal y como recogió entonces Jara y Sedal. Al sur del Duero, en cambio, el lobo sigue protegido y su caza continúa prohibida.
Sobre el fondo de la disputa, el reproche del consejero sí encuentra respaldo documental reciente: la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el pasado 22 de junio, con casi un año de retraso sobre el plazo previsto, el informe sexenal que concluye que el estado de conservación del lobo es favorable en España, según recogió entonces la prensa autonómica. El propio Pino, en esa misma sesión, exigió al Ministerio para la Transición Ecológica la remisión «inmediata» del documento a Bruselas, y llegó a calificar de injustificado que un texto respaldado por el trabajo técnico de las comunidades autónomas permaneciera bloqueado. Hasta la fecha de esta entrevista, sin embargo, el Gobierno no ha remitido oficialmente ese informe a la Comisión Europea, lo que mantiene la controversia abierta y explica que Pino siga hablando de un Ejecutivo que «transmite lo contrario» a las instituciones comunitarias.
Antecedentes: una ley tumbada varias veces por los tribunales
La disputa entre la Junta y el Gobierno por el lobo no es nueva. En 2022, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León de 2021 que catalogaban al lobo al norte del Duero como especie cinegética, al entender que invadían la competencia estatal en materia de listados de protección especial. Antes de esa sentencia, el propio Gobierno ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esa misma ley por dejar abierta la puerta al control del lobo. Y ya en 2018, la Consejería entonces competente había tenido que suspender la caza de la especie al norte del Duero tras un recurso de la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico, tal y como como recogió en su momento Jara y Sedal.
Ese historial de anulaciones explica por qué Pino insiste en que cualquier resolución de control «si no es conforme a la ley, ya la paralizará quien sea»: es, en la práctica, lo que ha venido ocurriendo con las sucesivas normas autonómicas sobre la especie desde hace casi una década. La diferencia ahora es que el marco europeo se ha movido: el Convenio de Berna rebajó en 2025 el estatus del lobo de «estrictamente protegido» a «protegido», lo que en teoría da más margen a los Estados para gestionar sus poblaciones, aunque la aplicación efectiva de ese cambio en España sigue dependiendo del informe sexenal pendiente de enviar a la Comisión Europea y de la eventual modificación del catálogo estatal de especies.
Para los cazadores de Castilla y León, el desenlace de ambos frentes, la reforma cinegética y el pulso por el lobo, determinará cuestiones muy concretas del día a día: qué margen tendrán los cotos para gestionar la fauna, si se agilizan trámites y autorizaciones, y si finalmente se abre alguna vía legal para intervenir sobre una especie que sigue disparando la conflictividad con la ganadería extensiva en buena parte del territorio.
