La Junta de Castilla y León ha lanzado duras acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, alegando que ha mentido y engañado a los tribunales con censos manipulados sobre la población de lobos en la Península Ibérica. Estas declaraciones se produjeron tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró ilegal la caza del cánido autorizada por la Junta entre 2019 y 2022.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, vinculó la sentencia con lo que considera un engaño por parte del Gobierno central. Según Suárez Quiñones, los jueces fueron inducidos a error debido a datos equivocados proporcionados por el Ejecutivo de Sánchez sobre la situación del lobo. El consejero criticó que estos datos no incluyeron la información proporcionada por las autonomías, lo que llevó a que las autoridades europeas y los jueces tomaran decisiones basadas en unos datos que la Junta considera incorrectos.
El censo de lobos de Castilla y León, listo a finales de noviembre
Suárez Quiñones anticipó que la situación podría cambiar a finales de 2024, cuando las autonomías con población de lobos presenten sus respectivos censos, esta vez consultadas por el Gobierno central. En el caso de Castilla y León, el consejero anunció que su censo estará listo para finales de noviembre. Además, destacó que la sentencia no es firme y que la Junta se reserva el derecho de plantear un recurso si así lo estiman sus servicios jurídicos. También argumentó que la sentencia «no tiene eficacia», ya que se refiere a temporadas de caza pasadas.
El consejero recordó que la caza del lobo está prohibida desde 2021 por decisión del Gobierno central, lo que, en su opinión, ha impedido el control de la población de lobos. Según Suárez Quiñones, esta situación ha permitido que los lobos «campen libremente» causando daños significativos a la ganadería extensiva y semi extensiva. El consejero criticó además el informe de las instituciones europeas, basado en datos del Ministerio para la Transición Ecológica de 2019, calificándolo de «totalmente erróneo» y no representativo de la realidad.
Datos incompletos
Suárez Quiñones denunció que el Ministerio solo recabó datos de Galicia y no del resto de autonomías con población de lobos, lo que, según él, impidió una evaluación precisa del estado de conservación de la especie. A pesar de la sentencia, el consejero defendió que las resoluciones de la Junta estaban respaldadas por informes de funcionarios públicos «muy rigurosos», lo que, en su opinión, proporcionaba una justificación jurídica y técnica intachable.
El consejero insistió en que, tanto en 2019 como en la actualidad, el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable. Aseguró que los tribunales fueron engañados por el Gobierno de España con un informe «totalmente rechazable». Suárez Quiñones destacó por último que la sentencia no impone a la Junta el pago de indemnizaciones ni de las costas del procedimiento, lo que considera una victoria parcial.
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La polémica en torno a la gestión de la población de lobos en España continúa, con acusaciones cruzadas entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central. Mientras tanto, los ganaderos siguen enfrentando los daños derivados de la presencia de lobos, en un contexto de tensiones políticas y judiciales que aún no han encontrado una solución definitiva.
