El eurodiputado Tomáš Zdechovský, de Unión Cristiana y Demócrata-Partido Popular Checoslovaco, presentó el pasado 9 de mayo una queja formal ante la Comisión Europea (CE) respecto a unas supuestas malas prácticas de la Dirección General de Medio Ambiente (Unidad D.3 Protección de la naturaleza) en su relación con algunas ONG medioambientales.
Como adelantó en nuestro país Jara y Sedal, este organismo ‘animaba’ a los ecologistas para que presionen a los Gobiernos de los distintos países de la Unión para prohibir el uso de plomo, algo que viola la naturaleza de imparcialidad que debería tener este órgano.
La carta se puede resumir en una ‘solicitud de la Comisión Europea a los miembros del NADEG (Grupo de Expertos sobre las Directivas de Aves y Hábitats) para presionar a sus representantes nacionales y a quienes toman las decisiones en el Comité REACH, para que apoyen la propia solicitud de la Comisión de una prohibición total en municiones a base de plomo, no limitadas a humedales, así como a la prohibición total de aparejos de pesca con base de plomo.
Según eurodiputados como Zdechovský, esta misiva habría sido redactada directamente por BirdLife Internacional –representada por SEO/BirdLife en España–, durante los últimos años y por eso planteó la queja oficial.
Birdlife Internacional se llevó 5.676.103 euros entre 2005 y 2019
A raíz de esta polémica, Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox, planteó una serie de preguntas a la Comisión Europea, para que aclare qué capacidad de influencia se podría estar concediendo a las ONG ecologistas el organismo de representación de los estados europeos, qué control hay sobre ellas y cuál es la financiación concreta de BirdlLife Internacional.
Las respuestas llegaron ayer 16 de julio, y en ellas la CE reconoce que Birdlife Internacional se llevó 5.676.103 euros de dinero público entre 2005 y 2019. Según aseguran, este dinero forma parte del programa LIFE (NGOs operating grants) para cubrir gastos de funcionamiento «en el marco del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la UE (LIFE)».
¿Falta de transparencia?
Aguilar instó además a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la supuesta práctica habitual, por parte de la DG de Medio Ambiente, de permitir redactar a las ONG medioambientales los documentos oficiales y sobre las medidas para favorecer la transparencia en sus relaciones con ellas.
Desde la CE responden que «el documento (…) fue elaborado por la secretaría del Grupo de expertos en las Directivas sobre aves y hábitats, función asumida por los servicios de la Comisión» y que «los principios fundamentales que sigue en sus contactos con los grupos de interés son la transparencia, la integridad y la igualdad de acceso con objeto de promover el interés general de la Unión».
Añaden desde la CE que «los comisarios, los miembros de gabinetes y los directores generales solo se reúnen con los grupos de interés que figuran en el Registro de Transparencia».
